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El Tribunal Supremo, en su sentencia 15 de marzo de 2018, sienta jurisprudencia sobre la distribución del pago de los gastos e impuestos que emanan de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, concretamente en relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Con la entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, se modificó sustancialmente el régimen aplicable de la retribución de los administradores en las sociedades de capital, y más concretamente, los artículos 217, 218, 219 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC).

La Dirección General de los Registros y del Notariado, en su Resolución de fecha 13 de febrero de 2018, analiza la controversia suscitada en torno a la inscripción de una escritura de constitución de una sociedad limitada en la que se establece como sistema de administración el de dos administradores mancomunados y en la que, asimismo, se manifiesta el consentimiento recíproco entre los dos administradores para que cualquiera de ellos por sí solo pueda ejercitar determinadas facultades en nombre y representación de la sociedad.

La Resolución de 30 de enero de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado resuelve un recurso interpuesto contra la nota de calificación registral por la que se deniega la rectificación de una cancelación de una reserva de dominio solicitada, por error, por una entidad financiera que disponía de sentencia judicial a su favor.

El día 9 de marzo de 2018, entrará en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (“LCSP”).

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de enero de 2018, resuelve el recurso de apelación planteado en relación al control de transparencia ante la subrogación del consumidor comprador en el préstamo suscrito por el promotor vendedor.

Una Sociedad Anónima que se encuentra en liquidación vende una finca a otra sociedad. De acuerdo con la Escritura, se observa que el valor del activo supera el 25% del valor patrimonial total, por lo que la registradora considera que se trata de un activo esencial y que se requiere de la autorización de la junta para su enajenación, obteniendo, la inscripción, una calificación negativa.

La Resolución, de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado aborda la temática que versa sobre el carácter necesario de la junta y su celebración “por escrito y sin sesión” de acuerdo con la realidad societaria actual.

Ante la calificación negativa recibida por el Registro Mercantil de Barcelona en relación a la inscripción de un acuerdo de junta general que contenía la inclusión de una cláusula de arrastre en los estatutos sociales, la sociedad decide interponer recurso, lo que deriva en la mencionada Resolución.