Tributario

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en su resolución de 15 de abril de 2021, interpreta el artículo 43.2 de la Ley General Tributaria, relativo a los responsables subsidiarios, definiendo el alcance temporal de la inactividad del deudor principal.

El Tribunal Económico Administrativo Central (de ahora en adelante, TEAC), en Resolución de marzo del 2021, adopta la doctrina del Tribunal Supremo sobre los límites a la ejecutividad de una deuda tributaria cuando, reclamada en reposición, no se resuelve expresamente.

En relación con un posible enriquecimiento injusto por parte de la Administración tributaria, como consecuencia de unas actuaciones de comprobación, en sentencia del Tribunal Supremo, establece que la Administración tributaria debe adoptar la solución más favorable para el interesado, que evite una duplicidad impositiva y el consiguiente enriquecimiento por parte de esta.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) ha dictado sentencia de fecha 3 de junio de 2021 en la que concluye que un inmueble que no dispone de ningún recurso humano que lo haga capaz de obrar de manera autónoma no puede ser calificado de establecimiento permanente a efectos de IVA.

El TEAC (Tribunal Económico-Administrativo Central), en su Resolución del 31 de mayo de 2021, Recurso 3746/2020, estima recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto por el Director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT contra resolución del TEAR Comunidad Valenciana, recaída en reclamación interpuesta frente a liquidación provisional dictada por una Dependencia gestora de la AEAT atinente al IRPF, de ejercicio 2014, fijando criterio en cuestión concerniente a las pérdidas patrimoniales.

En sentencia de 4 de marzo de 2020 el Tribunal Supremo, en adelante el alto Tribunal o el TS, se pronuncia sobre si, cuando la Administración tributaria realiza una comprobación limitada sobre un determinado tributo y ejercicio impositivo, la cual finaliza sin regularización de cuota, puede iniciar con posterioridad otro procedimiento de comprobación limitada respecto del mismo tributo y período, para solicitar documentación distinta a la que fue requerida en el primer procedimiento, sin que existan nuevos hechos o datos que no estuvieran a disposición de la Administración en la primera comprobación realizada.

Mediante Consulta Vinculante de febrero del 2021, se cuestiona si una sociedad que en noviembre del 2020 presenta una autoliquidación complementaria del Impuesto sobre Sociedades (de ahora en adelante, “IS”) del 2019, está obligada a presentar una autoliquidación complementaria del segundo pago fraccionado del IS 2020 (octubre del 2020).

La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2021 establece, como doctrina jurisprudencial, que, de conformidad con el artículo 141.e) de la Ley General Tributaria (LGT), las actuaciones que se sigan para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de regímenes tributarios especiales han de ser actuaciones inspectoras y, necesariamente, deben realizarse a través del procedimiento inspector.

Se trata de un supuesto de transmisión de un elemento patrimonial que haya sido objeto de una corrección valorativa por deterioro -y en consecuencia se haya dotado una provisión y deducido a efectos fiscales- y, posteriormente, ese elemento patrimonial recupere su valor, ¿dónde gravar la corrección o recuperación de la pérdida mediante ajuste en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, si en sede de la transmitente que dotó la provisión y se practicó la deducción por la pérdida o, en sede de la mercantil vinculada, adquirente y nuevo titular del elemento patrimonial transmitido?

En fecha 28 de abril de 2021, se ha publicado en el BOE el Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril, el cual transpone a la normativa española ciertas Directivas la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.