1. Tipo reducido del 15% y entidades de nueva creación: la pertenencia a grupo internacional como causa autónoma de exclusión.

La Dirección General de Tributos, en la Consulta Vinculante V0979-26, de 5 de mayo de 2026, analiza la aplicación del tipo reducido del 15% del Impuesto sobre sociedades (IS) previsto en el artículo 29.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) a una sociedad limitada española constituida en 2021 e integrada en un grupo internacional dedicado a la comercialización de combustibles. La estructura del grupo se articulaba a través de una sociedad matriz residente en Letonia, titular del 99,95% de una entidad polaca y del 100% de una empresa de Estonia; esta última, a su vez, ostentaba el 100% de la sociedad consultante española. La entidad polaca ya operaba en España a efectos de IVA, mientras que la consultante desarrollaba en España una actividad propia basada en la adquisición de combustible al por mayor, gestión logística, explotación de surtidores y venta directa a clientes empresariales.

La cuestión controvertida residía en determinar si la actividad desarrollada podía considerarse de nueva creación a efectos del artículo 29.1 de la LIS y, en consecuencia, acceder al tipo reducido aplicable durante los dos primeros ejercicios con base imponible positiva. En particular, debía analizarse si la actividad constituía una continuación de otra previamente desarrollada por entidades vinculadas y, adicionalmente, si la integración en un grupo mercantil, cuando la matriz era no residente, impedía por sí sola la aplicación del beneficio fiscal.

La DGT acepta, con la información aportada, que la actividad de la consultante no parece ser una mera continuación de la desarrollada por la entidad polaca del grupo aunque ambas operan en el sector del combustible, existen diferencias sustanciales en el modelo de negocio, medios empleados, riesgos asumidos e infraestructura utilizada. Por ello, no concurriría el supuesto del artículo 29.1.a) LIS, sin perjuicio de que se trata de una cuestión de hecho que deberá acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

Sin embargo, la consulta subraya que la exclusión por pertenencia a grupo opera con independencia de la dimensión internacional de la estructura societaria. Aunque la matriz y la estructura societaria se articule a través de entidades no residentes y no existan otras sociedades vinculadas en España, la consultante forma parte de una unidad de control integrada por entidades vinculadas en los términos del artículo 42 del Código de Comercio. En consecuencia, la existencia de un grupo mercantil, aunque sea internacional y no esté obligado a consolidar en España, basta por sí sola para impedir que la sociedad española sea considerada entidad de nueva creación a efectos del artículo 29.1 de la LIS.

La resolución confirma así que no resulta determinante que la actividad económica sea nueva o diferenciada respecto de la desarrollada por otras entidades del grupo. El elemento decisivo es la existencia de una relación de control societario: si la consultante forma parte de un grupo mercantil, queda excluida del tipo reducido, sin necesidad de acreditar una sucesión o continuidad de actividad económica preexistente.

La relevancia práctica de este criterio es que la condición de grupo desplaza el análisis material de la actividad: aunque la sociedad española cuente con medios propios, asuma riesgos empresariales y desarrolle una actividad efectivamente nueva en España, el incentivo fiscal queda vedado si existe control directo o indirecto dentro de una estructura societaria de grupo, aunque dicha estructura tenga carácter transfronterizo.

En definitiva, la Consulta Vinculante V0979-26 reitera una interpretación estricta del concepto fiscal de entidad de nueva creación: la pertenencia a un grupo mercantil constituye una causa autónoma y suficiente de exclusión del tipo reducido del 15% en el IS, incluso cuando dicho grupo tenga carácter internacional y la actividad desarrollada por la entidad española sea nueva, real y diferenciada.

2. Sobre la aplicación del régimen de neutralidad fiscal a las operaciones de aportación de participaciones a sociedades holding.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), en su sentencia número 949/2026, de 20 de julio de 2026 (recurso de casación número 6518/2023), aborda el recurso interpuesto por un contribuyente contra la sentencia del Audiencia Nacional (AN) que confirmó la regularización practicada por la Inspección, en que se acordaba que no procedía la aplicación del régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores (FEAC) a una operación de aportación de participaciones a una sociedad holding.

En el supuesto de hecho analizado la Administración tributaria consideró que la operación carecía de motivos económicos válidos ya que, según su criterio, con ella únicamente se perseguían determinadas ventajas fiscales -fundamentalmente, una menor tributación de los dividendos y una reducción de la tributación en los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones-. Sobre esa base, la Inspección rechazó la aplicación del régimen especial y sometió a tributación en el IRPF las plusvalías puestas de manifiesto con ocasión de las aportaciones llevadas a cabo.

El contribuyente, por su parte, sostiene que la falta de motivos económicos válidos no puede implicar, automáticamente, la inaplicación total del régimen FEAC y, en particular, la pérdida del diferimiento de las plusvalías. A su juicio, la reacción frente a una operación considerada abusiva debería respetar el principio de proporcionalidad y limitarse a neutralizar las concretas ventajas fiscales indebidamente perseguidas.

En sede del recurso de casación, la Abogacía del Estado sostiene que el artículo 96.2 TRLIS, aplicable al supuesto analizado, contemplaba la inaplicación del régimen especial cuando la operación tuviera como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal, mientras que la posibilidad expresa de eliminar únicamente determinadas ventajas fiscales fue introducida, posteriormente, por el artículo 89.2 de la LIS, motivo por el que, a su criterio, la regularización practicada se ajustaría a derecho.

Tras analizar ambas posiciones, el TS acoge la tesis de la recurrente y concluye que el principio de proporcionalidad ya se encontraba implícito en la cláusula antiabuso recogida en el artículo 96.2 TRLIS, interpretada de conformidad con el Derecho de la Unión Europea. Así, el TS sostiene que la inaplicación parcial del régimen FEAC únicamente puede determinar la eliminación de las ventajas fiscalmente pretendidas de forma abusiva por el contribuyente, que deben de estar identificadas en el acuerdo de liquidación.

Asimismo el TS determina que la regularización de la Administración tributaria podrá consistir en eliminar el diferimiento de las ganancias patrimoniales derivadas de la aportación no dineraria realizada en la constitución de una sociedad holding, haciendo tributar al contribuyente por las plusvalías latentes derivadas de la operación, únicamente, si la Administración tributaria justifica, mediante una motivación reforzada, que el diferimiento constituye el principal objetivo buscado al realizar la operación. Y concluye afirmando que dicha motivación reforzada deberá comprender, en todo caso, una identificación de los elementos de prueba que sean claramente indicativos de esa finalidad.

Aplicando esta doctrina al caso concreto, el TS aprecia que la Inspección había identificado como ventajas fiscales perseguidas la reducción de la tributación de los dividendos y de la imposición patrimonial y sucesoria, pero no había identificado ni acreditado que la obtención del diferimiento de las plusvalías fuese el objetivo principal de la operación, motivo por el que considera improcedente hacer tributar inmediatamente tales plusvalías por la mera constatación de la ausencia de motivos económicos válidos.

3. El Tribunal Supremo aclara los plazos de los procedimientos de inspección catastral.

El Tribunal Supremo (TS) emitió el pasado 21 de julio sentencia número 953/2026 (rec. Casación 2149/2024), mediante la cual confirma que los procedimientos de inspección catastral se rigen por los plazos previstos en la Ley General Tributaria y que su incumplimiento no determina automáticamente la caducidad del procedimiento.

El litigio tiene origen en un procedimiento de inspección catastral iniciado por una Gerencia Territorial del Catastro el 10 de noviembre de 2017, que concluyó con la notificación de un acuerdo de alteración catastral el 28 de marzo de 2019.

En primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó el recurso presentado por el contribuyente, al considerar que el procedimiento había superado el plazo máximo de seis meses establecido en la Disposición Adicional Tercera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI), por lo que debía declararse su caducidad. La Administración interpuso recurso de casación contra la mencionada sentencia del TSJA, por estimarla contraria a Derecho.

La principal cuestión analizada en la sentencia del TS consiste en determinar qué plazo resulta aplicable a los procedimientos de inspección catastral y cuáles son las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

El tribunal distingue entre dos procedimientos que, aunque persiguen adecuar la descripción catastral de los inmuebles a la realidad existente, tienen un régimen jurídico diferente: por un lado, el procedimiento de regularización catastral (DA 3ª TRLCI), que establece un plazo máximo de seis meses y prevé expresamente la caducidad del expediente cuando se supera dicho plazo. Y, por otro lado, el procedimiento de inspección catastral (arts. 11 y 19 TRLCI), al que le resulta aplicable supletoriamente el art. 150 LGT que establece, con carácter general, el plazo de 18 meses.

En ese sentido, cabe añadir que el art. 150.6 de la LGT determina que, en las actuaciones inspectoras, el incumplimiento del plazo máximo de duración no comporta la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación.

En su sentencia, el TS reitera su propia jurisprudencia (STS 1395/2025, de 31 de octubre), confirmando que los procedimientos de inspección catastral se someten al régimen temporal del art. 150 LGT y que el transcurso de dicho plazo, por tanto, no determina su caducidad. En consecuencia, el TS estima el recurso interpuesto por la Administración y anula la sentencia del TSJA, ordenando la retroacción de las actuaciones para que este último resuelva el resto de los motivos de impugnación planteados por el contribuyente.