Tributario

Según Sentencia del Tribunal Supremo del 23 de noviembre de 2020, el concepto de requerimiento previo ha de entenderse en un sentido amplio.

El tribunal Superior de Justicia de Valencia ha señalado en su sentencia de 23 de julio de 2020 que el valor hipotecario no puede ser utilizado por Hacienda para comprobar el valor declarado en una transmisión, ya que éste no se corresponde necesariamente con el valor real en la fecha de dicha transmisión.

Recientemente, se ha planteado cuestión de interés casacional ante el Tribunal Supremo acerca de determinar a quien corresponde la carga de la prueba en relación con la realidad de los desplazamientos y gastos de manutención y estancia en restaurantes y hoteles y demás establecimientos de hostelería, si al empleador o al empleado, respecto de la exención relativa a las dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería, en relación con la determinación de los rendimientos íntegros del trabajo en la base del IRPF.

El recurrente solicitó la rectificación de las Bases Imponibles Negativas (de ahora en adelante, “BINs”) que había consignado en su autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, tras haber finalizado el plazo voluntario de declaración del impuesto.

En la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2020, el Alto Tribunal se pronuncia sobre el momento en que debe empezar a computarse el plazo de prescripción de las donaciones que se realizan mediante transferencia bancaria.

La reclamante presentó declaración liquidación por el IRPF del ejercicio 2013 siendo el resultado a devolver, pero se le dictó en 2018 acuerdo de liquidación provisional en la que se modifica el importe declarado en concepto de pérdidas patrimoniales derivadas de la trasmisión de valores no admitidos a negociación.

El Tribunal Supremo ha concluido en su reciente sentencia de 15 de octubre de 2020 que una petición formulada en periodo ejecutivo para aplazar una deuda tributaria debe responderse motivadamente antes de iniciar el procedimiento de apremio.

En la reciente sentencia de 29 de octubre de 2020, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por un contribuyente contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, relativa a la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en la cual venía a cuestionarse los elementos que constituyen la base imponible de la modalidad Actos Jurídicos Documentados en una cesión de crédito hipotecario, formalizado en escritura notarial.

Se interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo para determinar si es posible cuestionar la legalidad del acto administrativo de imposición de una sanción tributaria cuando el fallecimiento del sujeto infractor tenga lugar antes de que aquel haya ganado firmeza.

En enero de 2011, la entidad reclamante adquirió un complejo turístico en las Islas Canarias, a través de escritura pública, y no ingresó cantidad alguna en concepto de ITP y AJD, modalidad TPO, al haberse hecho constar en dicha escritura por la sociedad adquiriente su renuncia a la exención del IGIC y repercutiéndose dicho impuesto al tipo general del 5%. Asimismo, se autoliquidó el correspondiente ITP y AJD en su modalidad AJD (Actos Jurídicos Documentados).