Tributario

El Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 15 de octubre de 2020, ha analizado la posibilidad de cambiar el criterio de imputación de renta durante una regularización tributaria.

Ante el Tribunal Supremo, se plantea si, la liberación de codeudores de un préstamo garantizado mediante hipoteca de determinados inmuebles formalizado en escritura pública está sujeta o no a la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, ITP AJD).

La sociedad consultante ha recibido liquidación provisional no admitiendo la deducción de las cuotas soportadas por el IVA correspondientes al arrendamiento de una vivienda, al no considerarse el mismo afecto a la actividad empresarial. La vivienda ha sido arrendada por la sociedad consultante para alojar a trabajadores por motivos laborales.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 10 de junio de 2020, fija de forma clara y contundente que la baja que se pueda producir en los procedimientos de contratación de las obras públicas sometidas a licencia urbanística o de obras no se computará en la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en adelante, ICIO), al no poder incardinarse en el coste de ejecución material de la construcción, instalación u obra.

Durante este mes de octubre, dos nuevos impuestos han culminado el procedimiento legislativo para su aprobación, en concreto, el Impuesto Sobre las Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado sentencia mediante la cual se examinan los requisitos para que la autorización judicial de entrada y registro en un domicilio pueda considerarse necesaria y proporcionada, a la vista de los datos suministrados en su solicitud por la Agencia Tributaria.

En el procedimiento objeto de análisis por el Tribunal Económico-Administrativo Central se notifica a Don B el inicio de un expediente de derivación de responsabilidad solidaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 42.2.a) de la Ley 58/2003, General Tributaria (en adelante, LGT).

La Dirección General de Tributos, en consulta de abril de 2020, entra a valorar si en las operaciones comerciales en las que existe un pago anticipado, este puede llegar a convertirse en una indemnización o no.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 16 de julio de 2020, determina que constituye un motivo económico valido la separación de parte del patrimonio para limitar los riesgos de las actividades, procediendo, en consecuencia, la aplicación del régimen especial en este tipo de escisiones.

El régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas no se puede condicionar a la realización de una actividad económica de alquiler de inmuebles prevista en el artículo 27.2 LIRPF (Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).