Tributario

Mediante Consulta Vinculante de febrero del 2021, se cuestiona si una sociedad que en noviembre del 2020 presenta una autoliquidación complementaria del Impuesto sobre Sociedades (de ahora en adelante, “IS”) del 2019, está obligada a presentar una autoliquidación complementaria del segundo pago fraccionado del IS 2020 (octubre del 2020).

La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2021 establece, como doctrina jurisprudencial, que, de conformidad con el artículo 141.e) de la Ley General Tributaria (LGT), las actuaciones que se sigan para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de regímenes tributarios especiales han de ser actuaciones inspectoras y, necesariamente, deben realizarse a través del procedimiento inspector.

Se trata de un supuesto de transmisión de un elemento patrimonial que haya sido objeto de una corrección valorativa por deterioro -y en consecuencia se haya dotado una provisión y deducido a efectos fiscales- y, posteriormente, ese elemento patrimonial recupere su valor, ¿dónde gravar la corrección o recuperación de la pérdida mediante ajuste en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, si en sede de la transmitente que dotó la provisión y se practicó la deducción por la pérdida o, en sede de la mercantil vinculada, adquirente y nuevo titular del elemento patrimonial transmitido?

En fecha 28 de abril de 2021, se ha publicado en el BOE el Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril, el cual transpone a la normativa española ciertas Directivas la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.

La Consulta Vinculante de 8 de febrero de 2021 analiza la tributación en IRPF de una persona que es residente fiscal en España a quien una empresa británica le ha ofrecido un empleo para trabajar en remoto desde España con la condición de que pase un mínimo de 91 días al año en Inglaterra.

La cuestión se centra en la interpretación del artículo 14.1.e) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, que permite entender que cualquier gasto acreditado y contabilizado que no denote una correlación directa e inmediata con un ingreso empresarial ha de constituir necesariamente una liberalidad, que no resulte por tanto deducible; o si, a los efectos de excluir legalmente la deducibilidad de los gastos no correlacionados con los ingresos ha de ser entendida en un sentido más amplio de manera que la exigencia de aquella correlación, directa e inmediata, sea condición precisa para la deducibilidad de cualquier gasto, como sostiene la Administración Tributaria, aún cuando ese gasto no pueda considerarse como un donativo o una liberalidad, gratuita por tanto.

El pasado 22 de abril de 2021, se publicó en el BOE el Real Decreto nº 6/2021 aprobado por el Gobierno de España por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de Covid19 para el año 2021.

Recientemente, en sentencia del Tribunal Económico-Administrativo Central, en adelante el Tribunal o TEAC, de 24 de noviembre, se ha pronunciado sobre si es de aplicación la reducción del 60% aplicable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en adelante IRPF, en aquellos rendimientos por el alquiler de una vivienda de su propiedad obtenidos por un no residente.

En una Consulta Vinculante, de 2 de diciembre de 2020 de la Subdirección General de Tributos Locales, se determina que los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) no prueban la ausencia de incremento del valor del terreno, a efectos del IIVTNU (plusvalía municipal).

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en una resolución de noviembre del 2020, analiza si la Administración puede dictar un acuerdo de declaración de responsabilidad solidaria por aplicación de la doctrina jurisprudencial civil del levantamiento del velo.