La Sala Primera del Tribunal Supremo se ha pronunciado en su Sentencia núm. 1469/2026, de 22 de septiembre de 2026, sobre la posibilidad de que el cesionario de un crédito garantizado con hipoteca quede protegido por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria (“LH”) cuando la constitución de la garantía incurrió en la prohibición de asistencia financiera.

La prohibición de asistencia financiera, recogida en el actual artículo 150 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), consiste en la prohibición a las sociedades anónimas de anticipar fondos, conceder préstamos, prestar garantías o facilitar cualquier otra asistencia financiera destinada a la adquisición por un tercero de sus propias acciones o de participaciones o acciones de su sociedad dominante, de manera que se impida que el patrimonio de la propia sociedad sea utilizado para financiar o garantizar la adquisición de su capital.

En el supuesto enjuiciado, una sociedad constituyó una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad en garantía de una línea de crédito concedida a otras sociedades que habían adquirido indirectamente la totalidad de su capital social. Años después, el crédito garantizado fue transmitido, junto con sus derechos accesorios y garantías, a otra entidad mediante escritura pública y a título oneroso. Posteriormente se ejercitó una acción dirigida a obtener la nulidad de la hipoteca y de sus modificaciones e inscripciones registrales, al entender que la garantía había sido constituida para asegurar una financiación vinculada a la adquisición de las acciones de la propia sociedad hipotecante y que, por tanto, constituía un supuesto de asistencia financiera prohibida. Frente a dicha pretensión, la entidad cesionaria invocó su condición de tercero hipotecario de buena fe y la protección dispensada por el artículo 34 LH.

La Audiencia Provincial consideró que la hipoteca otorgada constituía un supuesto de asistencia financiera prohibida, pero mantuvo su eficacia frente a la entidad que posteriormente adquirió, a título oneroso, el crédito y la garantía hipotecaria. El Tribunal Supremo confirma el razonamiento de la Audiencia Provincial y recuerda que, conforme a los artículos 1112 y 1528 del Código Civil y el artículo 149 LH, la cesión del crédito hipotecario comprende también la transmisión de la hipoteca como derecho accesorio, y adicionalmente precisa la relación entre los artículos 33 y 34 LH, es decir, la inscripción registral no convalida el negocio adquisitivo del tercero si este es nulo, pero la fe pública registral sí protege al tercero que adquiere válidamente, a título oneroso y de buena fe, de quien aparece en el Registro con facultades para transmitir, frente a la nulidad del título anterior de su transmitente. Consecuentemente, al no haberse acreditado la mala fe de la cesionaria ni concurrir causa de invalidez en su propia adquisición, la Sala mantiene la protección registral de la garantía hipotecaria.

2. El Tribunal Supremo admite que el tipo de subasta hipotecaria se fije en el 75 % del valor de tasación cuando únicamente se pacte la ejecución judicial.

La reciente Sentencia núm. 1449/2026, de 17 de septiembre, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, resuelve una cuestión de especial relevancia para la constitución e inscripción de hipotecas: si el tipo de subasta fijado en la escritura para la ejecución judicial directa debe coincidir necesariamente con el 100 % del valor de tasación del inmueble o puede establecerse en un importe inferior, siempre que respete el límite mínimo del 75 % previsto en el artículo 682.2.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El litigio se originó a raíz de la calificación negativa emitida por el registrador de la propiedad de Villacarrillo (Jaén) respecto de dos escrituras de constitución de hipoteca. En ellas se habían fijado, a efectos de la subasta judicial, unos valores de 109.650 euros y 90.300 euros, respectivamente, haciéndose constar que dichos importes eran iguales o superiores al 75 % del valor recogido en los correspondientes certificados de tasación. El registrador suspendió la inscripción al considerar que el tipo de subasta debía alcanzar el 100 % del valor de tasación.

La controversia se centraba en la interpretación conjunta de dos preceptos. Por un lado, el artículo 682.2.1.º LEC, aplicable al procedimiento judicial de ejecución directa sobre bienes hipotecados, permite fijar un tipo de subasta no inferior al 75 % del valor de tasación. Por otro, el artículo 129.2.a) de la Ley Hipotecaria establece que, cuando se pacte la venta extrajudicial ante notario, el tipo de subasta no podrá ser inferior al valor de tasación ni distinto del fijado, en su caso, para la ejecución judicial directa.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el registrador y confirma las resoluciones que ordenaron la inscripción de las escrituras. La Sala destaca que la Ley 5/2019, de 15 de marzo, modificó expresamente el artículo 129.2.a) de la Ley Hipotecaria, pero mantuvo inalterado el artículo 682.2.1.º LEC, pese a haber introducido otras modificaciones en la normativa procesal. Tampoco las reformas posteriores suprimieron la referencia al límite mínimo del 75 %. Por tanto, la exigencia del 100 % prevista para la venta extrajudicial no puede extenderse automáticamente a todas las ejecuciones hipotecarias judiciales.

De este modo, la sentencia distingue dos escenarios. Cuando la escritura contempla exclusivamente la ejecución judicial directa, las partes pueden fijar como tipo de subasta un importe inferior al valor íntegro de tasación, siempre que no sea inferior al 75 % de dicho valor. En cambio, cuando se pacta también la venta extrajudicial ante notario, el tipo de subasta no puede ser inferior al 100 % del valor de tasación y debe coincidir con el establecido para la ejecución judicial, de conformidad con el artículo 129.2.a) de la Ley Hipotecaria.

Con este pronunciamiento, el Alto Tribunal se aparta del criterio mantenido por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en su Resolución de 23 de diciembre de 2020, que consideraba exigible con carácter general un tipo de subasta equivalente al 100 % del valor de tasación, incluso cuando la escritura contemplase exclusivamente la ejecución judicial. Para la Sala, los artículos 682.2.1.º LEC y 129.2.a) de la Ley Hipotecaria regulan supuestos distintos, de manera que su aplicación dependerá de las vías de ejecución concretamente pactadas en la escritura.

Desde una perspectiva práctica, la resolución pone de manifiesto la necesidad de delimitar con precisión el contenido de la cláusula de ejecución hipotecaria. Si únicamente se contempla la vía judicial, resultará inscribible un tipo de subasta situado entre el 75 % y el 100 % del valor de tasación. Por el contrario, si se incorpora también la venta extrajudicial ante notario, deberá fijarse para ambas vías un mismo tipo de subasta, que no podrá ser inferior al 100 % del valor de tasación.

En definitiva, el Tribunal Supremo confirma la vigencia autónoma del artículo 682.2.1.º LEC y aporta seguridad jurídica a la redacción y calificación registral de las escrituras de hipoteca. El límite mínimo del 75 % continúa siendo aplicable cuando se pacta exclusivamente la ejecución judicial directa, mientras que la exigencia del 100 % opera cuando la escritura contempla también la venta extrajudicial ante notario.

3. El Tribunal Supremo delimita cuándo la imitación de productos constituye un acto de competencia desleal.

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) número 1408/2026, de 10 de septiembre, aborda los límites de la imitación de prestaciones empresariales conforme al artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (“LCD”), y en particular, cuándo la imitación puede considerarse desleal por generar un riesgo de asociación para los consumidores, comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno o constituir una imitación sistemática dirigida a obstaculizar la actividad de un competidor en el mercado.

El litigio trae causa en la demanda interpuesta por una sociedad dedicada a la comercialización de productos de regalo frente a dos sociedades competidoras que operaban en el mismo sector. La demandante sostenía que las demandadas habían imitado de forma continuada su particular estilo, caracterizado por la combinación de dibujos, mensajes breves y determinados elementos gráfico, y ejercitó acciones de competencia desleal por imitación, confusión, explotación de la reputación ajena, así como vulneración de las exigencias de la buena fe.

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil desestimó íntegramente la demanda al considerar que gran parte de las similitudes existentes entre los diseños de ambas partes respondían a tendencias presentes en el mercado. Asimismo, descartó la existencia de un riesgo de asociación o confusión entre los productos, así como de una conducta de imitación sistemática.

Frente a dicha resolución se interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que confirmó la desestimación de la demanda. Si bien la Audiencia reconoció la existencia de determinadas coincidencias en los elementos gráficos y en los mensajes empleados en los diseños, consideró que la mera existencia de tales similitudes no era suficiente para apreciar la concurrencia de los presupuestos exigidos por el artículo 11.2 de la LCD y, en consecuencia, para estimar las acciones ejercitadas al amparo del artículo 32 de la misma norma.

La demandante interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante el Tribunal Supremo alegando que la Audiencia había valorado de forma excesivamente restrictiva el riesgo de asociación y que las diferencias entre las marcas y los establecimientos no eran suficientes para excluirlo. Además, defendía que la actuación de las demandadas implicaba un aprovechamiento indebido del esfuerzo realizado por la demandante y una imitación sistemática de sus prestaciones.

El Tribunal Supremo recuerda que el artículo 11 LCD establece como regla general la libertad de imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley o bien la imitación sea desleal por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o por comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno.

Asimismo, la doctrina de la Sala expone, en relación con el artículo 11.2 LCD, que lo que provoca el riesgo de asociación es la imitación de la prestación, en cuanto que goza de singularidad competitiva y no el empleo de signos distintivos y la forma de presentación, pero la idoneidad de la imitación de la prestación para generar la asociación en el consumidor puede quedar contrarrestada por unas formas de presentación y el empleo de unas marcas tan diferentes que impidan el riesgo de asociación. La existencia de este riesgo debe apreciarse mediante un examen conjunto, atendiendo a las circunstancias concurrentes y a la impresión generada en el destinatario medio.

Aplicando esta doctrina al caso concreto, el Tribunal considera que las demandadas habían adoptado medidas suficientes para diferencias sus prestaciones de las de la demandante. En particular, toma en consideración la configuración de sus establecimientos, la disposición de los productos y la utilización de signos distintivos propios. Ello permitirá al consumidor distinguir la diferente procedencia empresarial de los productos y por ende, contrarrestaban al eventual riesgo de asociación derivado de las semejanzas existentes entre determinados diseños.

La Sala analiza también el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y recuerda que no todo aprovechamiento derivado de la imitación es contrario a la LCD. Para que la conducta sea desleal debe existir un aprovechamiento indebido del esfuerzo material o económico realizado por el competidor, relacionado con un ahorro o reducción significativa e injustificada de los costes asumidos para crear la prestación. En el supuesto analizado, estos costes no habían quedado acreditados ni cuantificados, más allá de referencias genéricas a determinadas actuaciones realizadas antes de lanzar los productos al mercado.

Por último, el Tribunal Supremo descarta también la existencia de imitación sistemática con finalidad predatoria del artículo 11.3 LCD. La Sala considera que no había quedado acreditado el carácter sistemático de las imitaciones ni la existencia de una estrategia dirigida a impedir u obstaculizar la afirmación de la demandante en el mercado. Tampoco se había demostrado que la conducta excediera de la respuesta natural del mercado, especialmente teniendo en cuenta la existencia de otras empresas del mismo sector que comercializaban productos análogos y utilizaban elementos gráficos y mensajes similares

Por todo ello, el Tribunal Supremo desestima los recursos interpuestos y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial.

En definitiva, la sentencia reafirma la libertad de imitación como principio general en materia de competencia desleal y pone de manifiesto que la existencia de similitudes entre prestaciones, incluso cuando la prestación imitada presenta singularidad competitiva, no basta por sí sola para apreciar un acto de competencia desleal. Para ello deberán concurrir las circunstancias adicionales previstas en el artículo 11 LCD. En particular, el riesgo de asociación puede quedar neutralizado mediante la utilización de marcas y formas de presentación suficientemente diferenciadas, mientras que el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno exige acreditar un ahorro significativo e injustificado relacionado con el esfuerzo y los costes asumidos para la creación de la prestación original.

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La Dirección General de Tributos, en la Consulta Vinculante V0979-26, de 5 de mayo de 2026, analiza la aplicación del tipo reducido del 15% del Impuesto sobre sociedades (IS) previsto en el artículo 29.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) a una sociedad limitada española constituida en 2021 e integrada en un grupo internacional dedicado a la comercialización de combustibles. La estructura del grupo se articulaba a través de una sociedad matriz residente en Letonia, titular del 99,95% de una entidad polaca y del 100% de una empresa de Estonia; esta última, a su vez, ostentaba el 100% de la sociedad consultante española. La entidad polaca ya operaba en España a efectos de IVA, mientras que la consultante desarrollaba en España una actividad propia basada en la adquisición de combustible al por mayor, gestión logística, explotación de surtidores y venta directa a clientes empresariales.

La cuestión controvertida residía en determinar si la actividad desarrollada podía considerarse de nueva creación a efectos del artículo 29.1 de la LIS y, en consecuencia, acceder al tipo reducido aplicable durante los dos primeros ejercicios con base imponible positiva. En particular, debía analizarse si la actividad constituía una continuación de otra previamente desarrollada por entidades vinculadas y, adicionalmente, si la integración en un grupo mercantil, cuando la matriz era no residente, impedía por sí sola la aplicación del beneficio fiscal.

La DGT acepta, con la información aportada, que la actividad de la consultante no parece ser una mera continuación de la desarrollada por la entidad polaca del grupo aunque ambas operan en el sector del combustible, existen diferencias sustanciales en el modelo de negocio, medios empleados, riesgos asumidos e infraestructura utilizada. Por ello, no concurriría el supuesto del artículo 29.1.a) LIS, sin perjuicio de que se trata de una cuestión de hecho que deberá acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

Sin embargo, la consulta subraya que la exclusión por pertenencia a grupo opera con independencia de la dimensión internacional de la estructura societaria. Aunque la matriz y la estructura societaria se articule a través de entidades no residentes y no existan otras sociedades vinculadas en España, la consultante forma parte de una unidad de control integrada por entidades vinculadas en los términos del artículo 42 del Código de Comercio. En consecuencia, la existencia de un grupo mercantil, aunque sea internacional y no esté obligado a consolidar en España, basta por sí sola para impedir que la sociedad española sea considerada entidad de nueva creación a efectos del artículo 29.1 de la LIS.

La resolución confirma así que no resulta determinante que la actividad económica sea nueva o diferenciada respecto de la desarrollada por otras entidades del grupo. El elemento decisivo es la existencia de una relación de control societario: si la consultante forma parte de un grupo mercantil, queda excluida del tipo reducido, sin necesidad de acreditar una sucesión o continuidad de actividad económica preexistente.

La relevancia práctica de este criterio es que la condición de grupo desplaza el análisis material de la actividad: aunque la sociedad española cuente con medios propios, asuma riesgos empresariales y desarrolle una actividad efectivamente nueva en España, el incentivo fiscal queda vedado si existe control directo o indirecto dentro de una estructura societaria de grupo, aunque dicha estructura tenga carácter transfronterizo.

En definitiva, la Consulta Vinculante V0979-26 reitera una interpretación estricta del concepto fiscal de entidad de nueva creación: la pertenencia a un grupo mercantil constituye una causa autónoma y suficiente de exclusión del tipo reducido del 15% en el IS, incluso cuando dicho grupo tenga carácter internacional y la actividad desarrollada por la entidad española sea nueva, real y diferenciada.

2. Sobre la aplicación del régimen de neutralidad fiscal a las operaciones de aportación de participaciones a sociedades holding.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), en su sentencia número 949/2026, de 20 de julio de 2026 (recurso de casación número 6518/2023), aborda el recurso interpuesto por un contribuyente contra la sentencia del Audiencia Nacional (AN) que confirmó la regularización practicada por la Inspección, en que se acordaba que no procedía la aplicación del régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores (FEAC) a una operación de aportación de participaciones a una sociedad holding.

En el supuesto de hecho analizado la Administración tributaria consideró que la operación carecía de motivos económicos válidos ya que, según su criterio, con ella únicamente se perseguían determinadas ventajas fiscales -fundamentalmente, una menor tributación de los dividendos y una reducción de la tributación en los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones-. Sobre esa base, la Inspección rechazó la aplicación del régimen especial y sometió a tributación en el IRPF las plusvalías puestas de manifiesto con ocasión de las aportaciones llevadas a cabo.

El contribuyente, por su parte, sostiene que la falta de motivos económicos válidos no puede implicar, automáticamente, la inaplicación total del régimen FEAC y, en particular, la pérdida del diferimiento de las plusvalías. A su juicio, la reacción frente a una operación considerada abusiva debería respetar el principio de proporcionalidad y limitarse a neutralizar las concretas ventajas fiscales indebidamente perseguidas.

En sede del recurso de casación, la Abogacía del Estado sostiene que el artículo 96.2 TRLIS, aplicable al supuesto analizado, contemplaba la inaplicación del régimen especial cuando la operación tuviera como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal, mientras que la posibilidad expresa de eliminar únicamente determinadas ventajas fiscales fue introducida, posteriormente, por el artículo 89.2 de la LIS, motivo por el que, a su criterio, la regularización practicada se ajustaría a derecho.

Tras analizar ambas posiciones, el TS acoge la tesis de la recurrente y concluye que el principio de proporcionalidad ya se encontraba implícito en la cláusula antiabuso recogida en el artículo 96.2 TRLIS, interpretada de conformidad con el Derecho de la Unión Europea. Así, el TS sostiene que la inaplicación parcial del régimen FEAC únicamente puede determinar la eliminación de las ventajas fiscalmente pretendidas de forma abusiva por el contribuyente, que deben de estar identificadas en el acuerdo de liquidación.

Asimismo el TS determina que la regularización de la Administración tributaria podrá consistir en eliminar el diferimiento de las ganancias patrimoniales derivadas de la aportación no dineraria realizada en la constitución de una sociedad holding, haciendo tributar al contribuyente por las plusvalías latentes derivadas de la operación, únicamente, si la Administración tributaria justifica, mediante una motivación reforzada, que el diferimiento constituye el principal objetivo buscado al realizar la operación. Y concluye afirmando que dicha motivación reforzada deberá comprender, en todo caso, una identificación de los elementos de prueba que sean claramente indicativos de esa finalidad.

Aplicando esta doctrina al caso concreto, el TS aprecia que la Inspección había identificado como ventajas fiscales perseguidas la reducción de la tributación de los dividendos y de la imposición patrimonial y sucesoria, pero no había identificado ni acreditado que la obtención del diferimiento de las plusvalías fuese el objetivo principal de la operación, motivo por el que considera improcedente hacer tributar inmediatamente tales plusvalías por la mera constatación de la ausencia de motivos económicos válidos.

3. El Tribunal Supremo aclara los plazos de los procedimientos de inspección catastral.

El Tribunal Supremo (TS) emitió el pasado 21 de julio sentencia número 953/2026 (rec. Casación 2149/2024), mediante la cual confirma que los procedimientos de inspección catastral se rigen por los plazos previstos en la Ley General Tributaria y que su incumplimiento no determina automáticamente la caducidad del procedimiento.

El litigio tiene origen en un procedimiento de inspección catastral iniciado por una Gerencia Territorial del Catastro el 10 de noviembre de 2017, que concluyó con la notificación de un acuerdo de alteración catastral el 28 de marzo de 2019.

En primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó el recurso presentado por el contribuyente, al considerar que el procedimiento había superado el plazo máximo de seis meses establecido en la Disposición Adicional Tercera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI), por lo que debía declararse su caducidad. La Administración interpuso recurso de casación contra la mencionada sentencia del TSJA, por estimarla contraria a Derecho.

La principal cuestión analizada en la sentencia del TS consiste en determinar qué plazo resulta aplicable a los procedimientos de inspección catastral y cuáles son las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

El tribunal distingue entre dos procedimientos que, aunque persiguen adecuar la descripción catastral de los inmuebles a la realidad existente, tienen un régimen jurídico diferente: por un lado, el procedimiento de regularización catastral (DA 3ª TRLCI), que establece un plazo máximo de seis meses y prevé expresamente la caducidad del expediente cuando se supera dicho plazo. Y, por otro lado, el procedimiento de inspección catastral (arts. 11 y 19 TRLCI), al que le resulta aplicable supletoriamente el art. 150 LGT que establece, con carácter general, el plazo de 18 meses.

En ese sentido, cabe añadir que el art. 150.6 de la LGT determina que, en las actuaciones inspectoras, el incumplimiento del plazo máximo de duración no comporta la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación.

En su sentencia, el TS reitera su propia jurisprudencia (STS 1395/2025, de 31 de octubre), confirmando que los procedimientos de inspección catastral se someten al régimen temporal del art. 150 LGT y que el transcurso de dicho plazo, por tanto, no determina su caducidad. En consecuencia, el TS estima el recurso interpuesto por la Administración y anula la sentencia del TSJA, ordenando la retroacción de las actuaciones para que este último resuelva el resto de los motivos de impugnación planteados por el contribuyente.

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Se trata de dos obligaciones distintas que conviene diferenciar. Por un lado, el sistema Veri*Factu exige utilizar Sistemas Informáticos de Facturación homologados en los cuales cuando se emite una factura, se guarda un registro de facturación que no puede ser modificado ni alterado a posteriori. Y por otro lado, la facturación electrónica B2B se refiere a la obligación de expedir, remitir y recibir facturas en formato electrónico en las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales (B2B).

Así, la futura reforma pretende favorecer que estos dos sistemas converjan desde el punto de vista normativo y técnico, aproximando ámbitos de aplicación y determinados aspectos técnicos de ambas regulaciones, teniendo en cuenta los requisitos de reporte digital derivados de la directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age).

En cualquier caso, conviene precisar que, a fecha de esta nota, la Orden ministerial todavía no ha sido publicada en el BOE. Por tanto, hasta que esta no se apruebe, continúan formalmente vigentes las actuales fechas de aplicación efectiva: las obligaciones del Veri*Factu, el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de los obligados. Y respecto de la facturación electrónica B2B, el 6 de octubre de 2027 para los empresarios y profesionales con un volumen de operaciones superior a 8 millones de euros y, el 6 de octubre de 2028 para el resto de empresarios y profesionales.

Se pospone la entrada en vigor del Reglamento Veri*Factu para los usuarios de SIF

La entrada en vigor del Reglamento Veri*Factu (Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre) estaba prevista para el año 2026 para los usuarios de Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) cuando expidan facturas.

Sin embargo, el Real Decreto-ley 15/2025, aprobado en 2 de diciembre de 2025, pospone su entrada en vigor hasta el año 2027, sin modificar el contenido material y el ámbito de aplicación de dicho reglamento. En concreto, los usuarios contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades deberán cumplir con la normativa antes de 1 de enero de 2027 y para el caso del resto de usuarios (contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas, y contribuyentes del IRNR que obtengan rentas mediante Establecimientos Permanentes), antes de 1 de julio de 2027.

Cabe destacar que dicho Real Decreto-ley requiere de la convalidación del Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días desde su aprobación.

Asimismo, dado que el Reglamento Veri*Factu excluye del ámbito subjetivo a los contribuyentes acogidos al Suministro Inmediato de Información (SII), han sido muchos los que con anterioridad a 1 de enero de 2026 han solicitado el acogimiento a dicho régimen. Por ello, conviene apuntar que actualmente no se prevé la posibilidad de revertirlo, pues la normativa vigente exige su aplicación durante un año natural. Sin embargo, habrá que estar atentos a una eventual modificación normativa que lo permita o valorar otras vías posibles.  

Si quiere saber cómo el Veri*Factu y la facturación electrónica afectarán al modo de facturar, le invitamos a leer nuestro artículo en el siguiente enlace [Artículo].

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El litigio trae causa de una demanda mediante la cual se solicitaba la declaración de nulidad de la junta general de una sociedad anónima y la reposición en su cargo de un consejero que ostentaba asimismo la condición de consejero delegado. Subsidiariamente, se interesaba la nulidad del acuerdo por el que se promovía el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra dicho administrador.

En primera instancia, la demanda fue desestimada. Respecto de la impugnación de la junta, el juzgado entendió que la negativa del órgano de administración a publicar el complemento de convocatoria solicitado por la demandante se ajustaba a lo previsto en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), al considerar que el órgano de administración puede verificar no solo el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud, sino también que esta no resulte contraria al interés social ni constituya un ejercicio abusivo del derecho. Sobre esa base, concluyó que algunas de las propuestas formuladas versaban sobre materias ajenas a la competencia de la junta general, mientras que otras resultaban potencialmente perjudiciales para la sociedad.

Asimismo, la sentencia de instancia rechazó la impugnación del acuerdo del ejercicio de la acción social de responsabilidad. Aunque reconoció la existencia de controversia en relación con la privación del derecho de voto de la demandante, consideró que dicha circunstancia carecía de relevancia invalidante por aplicación del denominado test de resistencia previsto en el artículo 204.3.d) LSC, al no haber resultado determinante dicho voto para la obtención de la mayoría necesaria para la aprobación de los acuerdos.

Frente a dicha resolución se interpuso recurso de apelación. En lo que respecta al complemento de convocatoria, la recurrente sostuvo que la negativa de su publicación vulneraba el artículo 172 LSC y suponía una restricción injustificada de los derechos del socio.

La Audiencia Provincial confirma, sin embargo, el criterio de la sentencia de instancia en este extremo. Tras recordar que el derecho de complemento de convocatoria constituye un derecho esencial de la minoría, señala que el órgano de administración no actúa como un mero receptor automático de las solicitudes formuladas por los accionistas, sino que puede efectuar un control tanto formal como material sobre los puntos cuya inclusión se pretende.

Aplicando este criterio, la Sala considera correcta la exclusión de los puntos relativos al “Examen, valoración y votación, en su caso, de la venta de la sociedad para solucionar discrepancias existentes entre los socios” y a la “Presentación y votación, en su caso, de alternativas para solucionar las discrepancias existentes entre los socios”, por tratarse de cuestiones que exceden del ámbito competencial de la junta general. La junta no ostenta competencias para decidir sobre la venta de las acciones de los socios ni para resolver conflictos existentes entre ellos.

Del mismo modo, la Audiencia avala la negativa a incluir el punto relativo a la “Aprobación, en su caso, de las posibles actuaciones preventivas a realizar en materia de insolvencia en cumplimiento de la normativa”. Según razona la Sala, la mera inclusión de una referencia expresa a una eventual situación de insolvencia podía generar alarma en el mercado y comprometer gravemente la reputación de la sociedad, circunstancia especialmente relevante teniendo en cuenta que esta desarrollaba su actividad como agencia de valores. En consecuencia, concluye que la salvaguarda de los intereses sociales puede operar excepcionalmente como límite al derecho de complemento de convocatoria reconocido a la minoría.

La Audiencia añade que, aunque con carácter general las solicitudes de complemento pueden ser objeto de reformulación o adaptación para acomodarlas a las exigencias legales, en el caso concreto no existía posibilidad de reformular las propuestas presentadas. Las dos primeras por referirse a materias ajenas a la competencia de la junta general y la tercera porque cualquier reformulación seguiría proyectando dudas sobre la solvencia de la sociedad, con el consiguiente riesgo para sus intereses.

Distinta es la conclusión alcanzada respecto del acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad y del correlativo cese del consejero delegado. En este punto, la Audiencia estima el recurso y concluye que la privación del derecho de voto de la accionista recurrente no se ajustó a Derecho. Tras analizar el artículo 190 LSC, entiende que la situación examinada no encajaba en ninguno de los supuestos legalmente tasados, que se prevén en el apartado 1 de este artículo, que permiten excluir el derecho de voto del socio por conflicto de interés.

La principal aportación de la resolución radica, precisamente, en el tratamiento de las consecuencias derivadas de dicha vulneración. Frente al criterio mantenido por el juzgado de instancia, la Audiencia declara que el test de resistencia previsto en el artículo 204.3 d) LSC no resulta aplicable cuando se ha privado indebidamente a un socio de su derecho de voto. A juicio de la Sala, dicho mecanismo está concebido para los supuestos de cómputo erróneo de votos o de participación de quienes carecían de legitimación para votar, pero no para aquellos casos en los que se ha impedido a un socio participar en la formación de la voluntad social.

La sentencia subraya que el derecho de voto constituye un derecho esencial del socio que no puede reducirse a su capacidad de alterar el resultado de una votación. Lo relevante no es únicamente la influencia cuantitativa del voto en el acuerdo finalmente adoptado, sino el derecho de intervenir en el proceso deliberativo y decisorio de la junta general. Además, añade, si se resolviese en contra, ello convertiría en absolutamente vulnerable el derecho esencial de voto del socio, que se convertiría en inexistente cuando su postura en una junta resultase minoritaria.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso y declara la nulidad del acuerdo, así como la ineficacia del cese del consejero producido, acordando su reposición en ambos cargos y la correspondiente rectificación registral.

En definitiva, la resolución resulta especialmente relevante por determinar los límites materiales del derecho de complemento de convocatoria de la minoría y, sobre todo, por afirmar que la privación indebida del derecho de voto constituye una vulneración que no puede quedar convalidada mediante la aplicación del test de resistencia cuando se vulnera el derecho esencial de participación del socio en la formación de la voluntad social.

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La recién sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de julio de 2026, confirma que la Administración Tributaria puede comprobar créditos fiscales (bases imponibles negativas, deducciones o cuotas pendientes de compensación) durante un plazo de 10 años, incluso cuando procedan de ejercicios prescritos y en la medida que produzcan efectos en periodos todavía susceptibles de regularización. 

El caso analizado por el Tribunal Supremo afecta a una sociedad que acumulaba saldos de IVA pendientes de compensar y que, posteriormente, aplicó en las liquidaciones del impuesto de los periodos no prescritos objeto de inspección. La empresa argumenta que la Administración no podía revisar dichos saldos, al haberse prescrito el derecho a liquidar los ejercicios en que se generaron los saldos en cuestión.

La Sala pone de relieve la distinción entre el derecho a liquidar y la facultad de comprobar e investigar de la Administración tributaria. El derecho a regularizar la deuda tributaria mediante liquidación está sujeto al plazo general de prescripción de 4 años, mientras que la potestad comprobadora de elementos tributarios procedentes de ejercicios prescritos que despliegan efectos en ejercicios posteriores abiertos a regularización está limitada a un plazo de 10 años.

Precisamente para reforzar esta distinción, la reforma de la Ley General Tributaria de 2015 (Ley 34/2015) introdujo el artículo 66.bis, disponiendo un régimen específico para la comprobación, pues si bien la prescripción prohíbe liquidar un ejercicio, no impide, sin embargo, comprobar créditos fiscales generados en dicho ejercicio cuando todavía producen efectos en periodos no prescritos. Por todo ello, el Tribunal Supremo desestima el recurso de la empresa recurrente, fijando doctrina jurisprudencial en el sentido que la Administración tributaria puede comprobar los saldos de IVA pendientes de compensación y demás créditos fiscales generados en periodos anteriores, siempre que su comprobación se lleve a cabo en el marco de un procedimiento relativo a periodos cuyo derecho a liquidar no haya prescrito.

2. Doctrina del hallazgo casual respecto a documentación obtenida fuera del periodo expresamente indicado en la autorización judicial.

La reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 24 de julio de 2026, analiza si la documentación obtenida durante el registro judicialmente autorizado para ejercicios fiscales concretos -en este caso, 2016 y 2017-, puede amparar la regularización y sanción de ejercicios distintos -2015-, bajo la doctrina del hallazgo casual.

En el presente supuesto, la Administración Tributaria inició una inspección general en el domicilio de la entidad para los ejercicios fiscales 2016 y 2017, autorizada judicialmente mediante un auto que no delimitaba expresamente los ejercicios afectados. Durante el registro, se intervino documentación cuyo contenido fiscal pertenecía también al ejercicio 2015, información que fue descubierta con posterioridad en las dependencias de la Administración. La Sociedad impugnó la regularización y sanción derivadas del ejercicio 2015 alegando extralimitación temporal en la autorización judicial y vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. La cuestión principal fue si la doctrina del hallazgo casual podía extender la validez de la prueba al ejercicio fiscal no inicialmente autorizado.

Así las cosas, la recurrente alegó que la documentación del ejercicio 2015 fue obtenida sin autorización judicial expresa para dicho ejercicio y la Administración contraargumentó que dicha autorización no limitó expresamente los ejercicios, además de que la ampliación del procedimiento fue comunicada con posterioridad al obligado tributario y no existe vulneración de derechos.

El Tribunal confirma la posición de la AEAT al considerar que la actuación inspectora fue plenamente conforme a Derecho a la luz de la doctrina del hallazgo casual. Razona que la autorización judicial de entrada y registro se obtuvo legítimamente y no ha sido objeto de impugnación, y que la documentación correspondiente al ejercicio 2015, aunque descubierta con posterioridad al inicio de las actuaciones, guardaba una conexión directa con la actividad económica inspeccionada, sin que ello supusiera una actuación indiscriminada, generalizada o desproporcionada. Asimismo, destaca que la extensión del alcance de las actuaciones fue debidamente comunicada al obligado tributario, preservándose en todo momento sus garantías procedimentales y su derecho de defensa. En consecuencia, desestima las pretensiones de la mercantil y confirma íntegramente la sentencia de instancia. Por último, la Sala establece doctrina sobre la aplicación de la figura del hallazgo casual en el ámbito tributario, reafirmando la jurisprudencia previamente existente, sin introducir cambios o matizaciones sustanciales en la línea doctrinal ya consolidada.

3. Criterios de tributación de los trabajadores extranjeros desplazados temporalmente.

El pasado 3 de julio la Dirección General de Tributos emitió la consulta V5112/2026 en la que analiza el tratamiento fiscal aplicable a unos trabajadores contratados por una sociedad residente en Arabia Saudí que son desplazados temporalmente a España para prestar sus servicios.

En el supuesto planteado, los trabajadores mantienen su residencia habitual, núcleo familiar, vínculo laboral y centro de intereses en Arabia Saudí y su estancia en España no supera los 183 días. Además, las remuneraciones son satisfechas íntegramente por la sociedad saudí, sin que la entidad española asuma o refacture dichos costes salariales. La participación de la compañía española en el desarrollo laboral de los trabajadores se limita a determinadas funciones administrativas y laborales.

La cuestión esencial consiste en determinar si las remuneraciones correspondientes al trabajo desarrollado físicamente en España pueden quedar sometidas a tributación en este país y, especialmente, si la sociedad española puede llegar a considerarse el verdadero empleador de los trabajadores desplazados.

La DGT parte del artículo 15 del CDI entre España y Arabia Saudí —que sigue el Modelo de Convenio de la OCDE— que, como regla general, establece que cuando un trabajador residente en un Estado (Arabia) presta físicamente sus servicios en otro Estado (España), este último (España) puede gravar la remuneración correspondiente. Sin embargo, hay una excepción que permite que sea el Estado de residencia quien grave (Arabia), si concurren tres requisitos: que la estancia en el país en que se realiza el trabajo no exceda los 183 días en cualquier período de doce meses, que las remuneraciones sean satisfechas por un empleador no residente en España y que su coste no sea soportado por un establecimiento permanente del empleador situado en España.

A pesar de concurrir estas tres condiciones y, a priori, parecer que el Estado que tendría que gravar es el de residencia (Arabia), la consulta introduce un matiz relevante, en cuanto al segundo requisito: no basta con atender únicamente a quién figura formalmente como empleador en el contrato laboral. La DGT, siguiendo los comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE, recuerda que debe analizarse quién actúa como empleador efectivo, más allá de lo que se ha pactado formalmente. Para ello pueden resultar relevantes factores como quién da instrucciones al trabajador, quién controla el lugar de trabajo, quién asume el riesgo y responsabilidad sobre el resultado de los servicios, quién proporciona las herramientas, quién decide sus vacaciones y organización, entre otros.

También se destaca la importancia de cómo se estructura económicamente la relación entre ambas sociedades; en particular, la refacturación directa de las remuneraciones puede ser un indicio de que la entidad receptora de los servicios es, en realidad, el empleador económico, aunque la DGT recalca que se trata de un elemento más que debe valorarse conjuntamente con los anteriores.

En definitiva, la relevancia de esta consulta reside en que, en los desplazamientos internacionales de trabajadores, no resulta suficiente comprobar el límite de los 183 días o la identificación formal del empleador. Es imprescindible revisar también la sustancia real de la relación entre empresas y el grado de integración de los trabajadores. Solamente a partir de un análisis integral de la totalidad de los elementos que configuran cada caso podrá determinarse, de forma razonablemente fundada, el país de tributación de las rentas.

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El Tribunal Supremo, en su sentencia 1314/2026, dictada el pasado 23 de julio, actualiza su criterio sobre la inclusión de datos personales en ficheros de solvencia cuando la deuda ya ha sido cuestionada por el consumidor. La resolución recuerda que estos registros no pueden utilizarse para presionar el pago de una cantidad cuya existencia, exigibilidad o cuantía se discuten de forma fundada.

El caso parte de un contrato de financiación que la prestataria consideraba usurario. Antes de ser incluida en ASNEF-EQUIFAX, había remitido a la entidad una reclamación extrajudicial en la que impugnaba la validez del contrato, solicitaba la eliminación de determinadas cláusulas y reclamaba la restitución de cantidades cobradas indebidamente. Después presentó una demanda de nulidad por usura. Pese a ello, la financiera comunicó sus datos al fichero y los mantuvo inscritos incluso tras conocer el procedimiento judicial.

Las resoluciones de primera y segunda instancia rechazaron la demanda. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluye que, en el momento de la inclusión, la deuda ya no podía considerarse pacífica ni incontrovertida. La controversia había sido planteada con anterioridad, primero mediante una reclamación extrajudicial fundada y después a través de una demanda judicial. Por ello, no se cumplía el artículo 20.1.b) de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que exige que la deuda sea cierta, vencida y exigible y que su existencia o cuantía no hayan sido objeto de reclamación por el deudor.

El Alto Tribunal declara que la inclusión constituyó una intromisión ilegítima en el derecho al honor y condena a la entidad a indemnizar a la afectada con 2.000 euros. Para cuantificarla, valora que la inscripción no duró un periodo especialmente extenso, que solo dos entidades consultaron los datos y que no se acreditó una denegación de financiación por este motivo. La sentencia refuerza así una idea esencial: los ficheros de solvencia están reservados para impagos injustificados y no pueden convertirse en una herramienta de presión frente a quien mantiene una discrepancia legítima y previamente formalizada sobre la deuda.

2. El Tribunal Supremo refuerza la protección de los socios frente al abuso de mayoría.

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) número 824/2026, de 29 de mayo, aborda la posibilidad de considerar abusivo un acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad cuando, bajo una apariencia formalmente legítima, persigue en realidad alterar el equilibrio de poder dentro de la sociedad y perjudicar a los socios minoritarios.

El litigio trae causa de la impugnación del acuerdo adoptado por la junta general extraordinaria de una sociedad de responsabilidad limitada celebrada el 4 de febrero de 2020, por el que se acordó el ejercicio de la acción social de responsabilidad frente a varios administradores y exadministradores de la sociedad con fundamento en el derecho de información, previsto en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) y la lesión del interés social del acuerdo al no obedecer a una necesidad objetiva y adoptarse en beneficio exclusivo del socio mayoritario (artículo 204.1 LSC). Dicho acuerdo comportaba, además, la destitución automática de dos de los consejeros afectados conforme al artículo 238.3 de la LSC.

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Barcelona desestimó íntegramente la demanda y declaró la validez del acuerdo al no apreciar que se hubiera vulnerado el derecho de información ni tampoco que el acuerdo fuera contrario al interés social por haberse adoptado con abuso de la mayoría.

Frente a dicha resolución se interpuso recurso de apelación. La Audiencia Provincial de Barcelona estimó el recurso y declaró la nulidad del acuerdo impugnado al apreciar procedente la impugnación del acuerdo por ser acordado con abuso de la mayoría. A juicio de la Audiencia, la decisión de promover la acción social de responsabilidad carecía de una necesidad razonable para la sociedad, generaba una ventaja para el socio mayoritario y ocasionaba un perjuicio injustificado a la minoría. Según la Sala, el verdadero propósito perseguido no era tanto el ejercicio posterior de la acción social de responsabilidad como apartar al grupo minoritario de la gestión de la sociedad y evitar las consecuencias económicas derivadas de la extinción del contrato del consejero delegado.

La sociedad interpuso entonces recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El primer motivo denunciaba la incorrecta aplicación del artículo 204.1 II LSC, alegando que el acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad respondía a una finalidad legítima y que no concurrían los presupuestos exigidos por la jurisprudencia para apreciar abuso de mayoría. El segundo motivo sostenía que la Audiencia había vulnerado el artículo 29 LSC, alegando que no cabe utilizar la oposición entre el acuerdo y el pacto de socios como elemento decisivo para declarar la nulidad del acuerdo.

El Tribunal Supremo comienza recordando que el segundo párrafo del artículo 204.1 LSC permite impugnar acuerdos sociales impuestos abusivamente por la mayoría aun cuando no causen un daño patrimonial a la sociedad. Para ello deben concurrir cumulativamente tres requisitos: que el acuerdo no responda a una necesidad razonable de la sociedad, que suponga una ventaja o beneficio para la mayoría y que ocasione un perjuicio injustificado a los socios minoritarios. Asimismo, la Sala destaca que hay que analizar si el objetivo o finalidad perseguida con el acuerdo responde a una necesidad y después, si es razonable el medio empleado para la consecución de ese objetivo, a la vista del perjuicio ocasionado para los socios minoritarios. La razonabilidad del acuerdo se vincula a la existencia de alternativas menos perjudiciales para la consecución del fin.

Aplicando dicha doctrina al caso concreto, el Tribunal confirma que no existía una necesidad razonable que justificara el acuerdo. La acción social de responsabilidad tiene por finalidad obtener el resarcimiento del daño o perjuicio sufrido por la sociedad por una actuación de los administradores, que debe ser contraria a la ley o a los estatutos, o que constituya un incumplimiento de los deberes inherentes al desempeño del cargo, y además lo sea con dolo o culpa grave. Sin embargo, en el supuesto enjuiciado no constaba que la acción hubiera llegado siquiera a ejercitarse, ni que se hubiera identificado o cuantificado un daño concreto susceptible de ser indemnizado. Además, las supuestas irregularidades contables detectadas en las cuentas anuales de 2018 difícilmente permitían apreciar, por sí solas, la existencia de un perjuicio patrimonial para la sociedad necesitado de indemnización o compensación del daño.

La Sala considera igualmente acreditado que la adopción del acuerdo reportaba ventajas relevantes al socio mayoritario y un perjuicio injustificado al minoritario. Como consecuencia directa del acuerdo, se producía el cese automático de determinados consejeros pertenecientes al grupo familiar minoritario (sin derecho a percibir la indemnización pactada en el contrato de prestación de servicios), se alteraba la composición y el equilibrio interno del consejo de administración y se incrementaba la influencia efectiva del socio inversor en la gestión de la sociedad. Asimismo, la entrada del nuevo socio mayoritario había venido acompañada de diversos acuerdos destinados a garantizar la presencia y participación de los socios familiares en la gestión de la compañía.

Respecto del segundo motivo de casación, el Tribunal Supremo rechaza que la nulidad del acuerdo se fundamente en la infracción de un pacto parasocial. La Sala recuerda que los pactos de socios no son oponibles a la sociedad en los términos del artículo 29 LSC, pero precisa que la Audiencia no declaró la nulidad por esa razón. El pacto parasocial únicamente fue utilizado como elemento de contexto para acreditar cuáles eran las posiciones societarias inicialmente acordadas y para evidenciar las ventajas obtenidas por la mayoría y los perjuicios sufridos por la minoría como consecuencia del acuerdo impugnado.

Por todo ello, el Tribunal Supremo desestima íntegramente el recurso de casación y confirma la nulidad del acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad.

En definitiva, la sentencia resulta especialmente relevante porque refuerza la doctrina sobre el abuso de mayoría prevista en el artículo 204.1 LSC y pone de manifiesto que incluso acuerdos formalmente legítimos, como el ejercicio de la acción social de responsabilidad, pueden ser anulados cuando se utilizan instrumentalmente para alterar el equilibrio societario, obtener ventajas particulares para la mayoría o perjudicar injustificadamente a los socios minoritarios. Asimismo, la resolución aclara que los pactos parasociales pueden servir como elemento de valoración para apreciar la existencia de abuso, sin que ello implique reconocerles eficacia directa frente a la sociedad.

3. Retraso en la entrega de viviendas: indemnización por la pérdida del valor de uso.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia número 1410/2026, de 10 de septiembre, analiza si el retraso en la entrega de una vivienda permite presumir la existencia de un daño indemnizable derivado de la pérdida de su valor de uso o si, por el contrario, corresponde al comprador acreditar de forma concreta la realidad y el alcance del perjuicio sufrido.

En el caso examinado, los compradores adquirieron viviendas de protección pública que debían entregarse, como máximo, el 11 de agosto de 2007, pero no fueron escrituradas y entregadas hasta julio y agosto de 2008. Por el retraso, reclamaron una indemnización calculada conforme al alquiler de viviendas similares durante ese periodo. El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de prueba de un perjuicio concreto, pero la Audiencia Provincial estimó el recurso y condenó a la promotora al pago de las cantidades reclamadas.

Al resolver el recurso, el Tribunal Supremo examina los artículos 1101 y 1106 del Código Civil y la jurisprudencia de la Sala sobre la doctrina del daño ex re ipsa loquitur («la cosa habla por sí misma»), según la cual, los daños no se presumen ante cualquier incumplimiento contractual sino únicamente cuando «la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable; o se trata de daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las distintas dicciones utilizadas».

En este contexto, el Supremo confirma que la doctrina del daño ex re ipsa resulta aplicable cuando el perjuicio patrimonial se desprende de forma evidente del propio incumplimiento, y en el caso concreto, el retraso en la entrega privó a los compradores de la posibilidad de usar o disfrutar las viviendas o destinarlas al arrendamiento y, por tanto, les ocasionó una pérdida de valor económicamente evaluable. Por ello, el Alto Tribunal considera que la indisponibilidad del inmueble genera por sí sola un daño indemnizable, no siendo necesario que el comprador acredite haber arrendado otra vivienda ni haber perdido una renta concreta, pues el perjuicio ya deriva de la privación temporal de las facultades de uso y disfrute inherentes a la propiedad. Sobre esta base, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación, confirma íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial e impone a la recurrente las costas del recurso, con pérdida del depósito constituido.

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Si de ordinario, estas operaciones presentan una notable complejidad que comprende varias áreas del Derecho (mercantil, concursal, laboral, fiscal), las transmisiones de unidades productivas de sociedades contratistas (esto es, aquellas empresas que tienen como actividad cuasi – exclusiva la ejecución de contratos públicos en favor de Administraciones) presentan ciertas particularidades derivadas de la legislación en materia de contratación pública, que deben considerarse cuidadosamente para su correcta planificación.

Quizás la mayor peculiaridad que presentan las empresas contratistas es que su mayor valor empresarial (la cartera de contratos en curso de ejecución), no es susceptible de ser registrada como un activo, no apareciendo contabilizada en consecuencia en su balance (excepto contadas excepciones, como determinadas concesiones y/o autorizaciones administrativas que sí pueden contabilizarse como activos). El valor de una empresa contratista al uso se concentra mayoritariamente en el margen o beneficio industrial de la cartera de contratos adjudicada, y que todavía está pendiente de ejecución.

En este tipo de operaciones se da, pues, la paradoja de que el principal atractivo para el adquirente de la unidad productiva transmitida reside en la posibilidad de subrogarse en los contratos públicos adjudicados a la transmitente y que esta viene ejecutando. Este es, en realidad, el “activo” que se adquiere, aunque no sea susceptible de registro contable (ni siquiera como un fondo de comercio). Desde la perspectiva meramente mercantil / concursal, la primera cuestión que surge es la necesidad de incluir en el perímetro de la unidad productiva transmitida la relación de los contratos públicos que la transmitente tiene en cartera (no limitándose a relacionar los activos que aparezcan en los estados contables de la transmitente, como sucedería en una operación ordinaria de transmisión de unidad productiva).

Desde una perspectiva del Derecho de la contratación pública, resulta de una importancia capital que se acepte dicha subrogación por las Administraciones para las que la sociedad transmitente está ejecutando los contratos a ceder; y ello, puesto que, si tal aprobación no concurre, el adquirente corre el riesgo de acabar comprando una cáscara vacía.

Por ello, para la correcta ejecución de este tipo de operaciones, resulta clave la incorporación al equipo pluridisciplinar que debe acometerlas de la perspectiva del Derecho administrativo. Cuestiones como la comprobación de la tenencia por la adquirente de la capacidad y solvencia requeridas por los pliegos de los contratos a ceder para su ejecución, o la correcta comunicación de la operación a las Administraciones contratantes para recabar su aprobación a la subrogación contractual por la transmitente, son de una importancia capital para su buen fin.

ARCO Abogados, ha intervenido en el diseño y ejecución de este tipo de operaciones, contando con un equipo de profesionales pluridisciplinar que permite abordarlas desde todas las perspectivas del Derecho que resultan relevantes para que lleguen a buen puerto.

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La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2026 (núm. 404/2026) aborda la validez de los acuerdos adoptados de cese y nombramiento de administrador adoptados en junta general aun cuando ninguno de estos asuntos figuraba en el orden del día de la convocatoria.  El Alto Tribunal concluye que ambos acuerdos son válidos, al considerar que el nombramiento del nuevo administrador constituye un acuerdo necesariamente conexo al cese del anterior.

El caso analizado tiene su origen en una junta general en la que se acordó el cese y el nombramiento de un administrador, pese a que tales cuestiones no habían sido incluidas en la convocatoria. El socio demandante ejercitó una acción de impugnación de acuerdos sociales alegando diversos defectos relativos a la convocatoria de la junta, a la representación de algunos socios, al quórum de constitución y a las mayorías exigidas para la adopción de acuerdos, así como la infracción de los artículos 197 bis y 223 de Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“Ltest de velocidadSC”) por no haberse anunciado ni votado separadamente los acuerdos de cese y nombramiento.

Tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia Provincial desestimaron la demanda. En esencia, consideraron que las irregularidades denunciadas tenían carácter meramente procedimental y carecían de relevancia suficiente para justificar la nulidad de los acuerdos.

Frente a dicha resolución, el demandante interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. En relación con el primero, el Tribunal Supremo recuerda que las cuestiones planteadas se refieren a la legalidad de los acuerdos adoptados y que, por tanto, no pueden ser objeto de revisión por medio de este recurso. Además, expone que el contenido del acuerdo son decisiones que quedan en el marco de la discrecionalidad de la junta de socios.

Respecto al recurso de casación, la cuestión central consistía en determinar si la junta general podía acordar el cese y el nombramiento de administrador sin que tales asuntos hubieran sido incluidos en el orden del día. El Tribunal Supremo recuerda que el artículo 223.1 LSC establece expresamente que los administradores pueden ser separados de su cargo en cualquier momento por la junta general, aún cuando la separación no conste en el orden del día. Ello constituye una excepción a la regla general del artículo 174 de la LSC, conforme a la cual la junta debe expresar los asuntos que serán objeto de deliberación y acuerdo. En consecuencia, el acuerdo resulta plenamente válido, aunque dicho asunto no apareciera en el orden del día.

El Tribunal Supremo resuelve, en relación con el cese de administrador diciendo que la posibilidad de que la junta general revoque ad nutum de su cargo a uno o varios administradores, aunque no aparezca en el orden del día, es una excepción al artículo 174 de la LSC, por lo que considera que dicho acuerdo es válido, aunque el asunto no apareciera en el orden del día.

Sin embargo, la importancia de la Sentencia también reside en el tratamiento del nombramiento del nuevo administrador. Aunque el artículo 223.1 LSC se refiere a la separación de los administradores y no en cuanto a su designación, el Tribunal considera que esta excepción se extiende necesariamente al del nombramiento del nuevo administrador, en cuanto que se trata de un acuerdo conexo al cese. Ello responde a la necesidad de evitar que la sociedad quede temporalmente acéfala (sin administrador). En definitiva, el nombramiento del nuevo administrador se configura como un acuerdo conexo y necesario respecto al del cese del administrador único pudiendo adoptarse válidamente en la misma junta, aunque tampoco aparezca en el orden del día. No obstante, se precisa que esta doctrina no permite alterar el sistema o tipo de órgano de administración, supuesto en que sí se exigiría su inclusión en el orden del día.

En conclusión, la Sentencia afirma que el acuerdo de cese de administradores puede adoptarse de forma válida, aunque no figure en el orden del día y extiende esta misma solución al nombramiento simultáneo de su sustituto cuando ambos acuerdos estén vinculados y resulten necesarios para garantizar la continuidad del órgano de administración de la sociedad, reforzando así la interpretación del artículo 223 LSC.

2. Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre la colación en la herencia de ayudas familiares destinadas a la compra de vivienda.

La reciente Sentencia núm. 831/2026, de 2 de junio, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, analiza una cuestión de especial relevancia práctica en el ámbito del Derecho de sucesiones: el tratamiento jurídico que debe darse, a efectos de colación hereditaria, al dinero entregado por unos padres a uno de sus hijos para la adquisición de una vivienda escriturada directamente a nombre de este.

El conflicto resuelto por el Alto Tribunal trae causa de una compleja controversia hereditaria entre varios hermanos, en la que se discutía, entre otras cuestiones, si determinadas viviendas y plazas de garaje adquiridas por dos de ellos debían ser traídas a colación en las herencias de sus progenitores. La particularidad del caso radicaba en que los inmuebles nunca habían pertenecido formalmente al patrimonio de los causantes, si bien se sostenía que el precio de adquisición había sido satisfecho con fondos de aquellos.

La controversia, por tanto, se centraba en determinar cuál era el verdadero objeto de la liberalidad: si los propios inmuebles adquiridos por los hijos o, por el contrario, el dinero empleado para su adquisición. Esta distinción resulta esencial, pues de ella depende tanto el valor que debe incorporarse contablemente a la masa hereditaria como el momento en que debe efectuarse su actualización.

Pues bien, el Tribunal Supremo confirma que, cuando los padres entregan dinero para que un hijo adquiera un inmueble que se escritura directamente a su nombre, lo que se dona no es el inmueble, sino el dinero utilizado para su adquisición. La Sala razona que no puede calificarse como donación inmobiliaria una liberalidad que recae sobre bienes que nunca integraron el patrimonio de los donantes. En palabras de la doctrina jurisprudencial que la sentencia reitera, no puede transmitirse aquello que no se posee.

En consecuencia, la Sala descarta que deba colacionarse el valor actual de las viviendas y plazas de garaje. Lo que debe traerse a colación es el importe del dinero entregado para la compra, identificado con el precio satisfecho en el momento de la adquisición, debidamente actualizado conforme a las reglas del artículo 1045 del Código Civil. Esta conclusión se alinea con la doctrina ya fijada por el Tribunal Supremo en resoluciones anteriores, entre ellas la Sentencia 355/2011, de 19 de mayo, según la cual, cuando los padres entregan dinero para que un hijo compre un bien, realizan una donación de dinero y no una donación del bien adquirido.

La sentencia adquiere especial importancia por cuanto delimita con claridad los efectos económicos de la colación. La revalorización experimentada por el inmueble con el transcurso del tiempo no debe integrarse en la masa hereditaria, al haber pertenecido desde un inicio al patrimonio del hijo comprador. Por ello, los coherederos no participan de la plusvalía generada por el inmueble, sin perjuicio de que sí deba computarse el valor actualizado del dinero recibido a título gratuito.

Asimismo, el Tribunal Supremo precisa el momento en que debe realizarse dicha actualización. Al tratarse de una colación omitida en particiones anteriores y cuya incorporación se articula mediante una partición adicional, la valoración actualizada del dinero donado debe efectuarse en el momento en que se practique dicha adición particional, y no en la fecha de las particiones previas. Esta solución, según la Sala, es la que mejor respeta los criterios de equidad y proporcionalidad entre coherederos.

Desde una perspectiva práctica, la resolución resulta especialmente relevante en todos aquellos supuestos, muy frecuentes en la práctica sucesoria, en los que los progenitores ayudan económicamente a alguno de sus hijos para la adquisición de una vivienda, ya sea abonando directamente parte del precio, facilitando fondos para la compra o asumiendo pagos vinculados a la operación. La falta de documentación clara sobre la naturaleza de estas aportaciones puede generar, años después, importantes conflictos hereditarios entre hermanos.

La sentencia también pone de relieve la conveniencia de documentar adecuadamente este tipo de operaciones familiares, precisando si la entrega de fondos se realiza como préstamo, donación colacionable, donación dispensada de colación o anticipo de herencia. Una adecuada planificación sucesoria permite evitar controversias posteriores sobre el alcance de la liberalidad, el valor a computar y su incidencia en las legítimas.

En definitiva, el Tribunal Supremo consolida un criterio de gran relevancia en materia de colación hereditaria: cuando los padres financian la adquisición de una vivienda que se escritura directamente a nombre de un hijo, lo colacionable no es el inmueble ni su valor actual, sino el dinero entregado para su adquisición, actualizado al momento en que proceda practicar la partición o, en su caso, la partición adicional correspondiente. Esta doctrina refuerza la seguridad jurídica en el ámbito sucesorio y ofrece una pauta clara para resolver conflictos derivados de ayudas económicas familiares destinadas a la adquisición de vivienda.

3. Cláusula penal abusiva en contrato de compraventa de vivienda con particular.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia número 791/2026, de 25 de mayo, se ha pronunciado sobre el carácter abusivo de una cláusula penal incluida en un contrato de compraventa de una vivienda suscrito entre un comprador, que ostentaba el carácter de consumidor, y una sociedad vendedora. La cláusula discutida facultaba a la vendedora a resolver el contrato por determinados incumplimientos del comprador, entre ellos, la falta de pago de cantidades aplazadas o la incomparecencia para otorgar escritura pública, y a retener el 50% de las cantidades entregadas hasta la fecha como penalización.

La Sala, al resolver el recurso, aplica los arts. 82.1 y 87.6 del TRLGDCU, reiterando su doctrina sobre el control de abusividad de las cláusulas penales predispuestas en contratos con consumidores, recordando que no basta con apreciar, en abstracto, la finalidad indemnizatoria de la cláusula ni con analizarla de forma conjunta con otras estipulaciones contractuales. En este sentido, para el Supremo lo determinante es realizar un juicio concreto de proporcionalidad entre la penalización pactada y los daños y perjuicios efectivamente sufridos por el empresario predisponente, de manera que, si el consumidor perjudicado alega desproporción entre la indemnización prefijada y el perjuicio real, el empresario deba acreditar la existencia y cuantía de ese daño. Con ello, la falta de prueba suficiente sobre la existencia del mismo sería el motivo para la declaración de abusividad.

En el caso enjuiciado, la vendedora no acreditó perjuicio alguno derivado del incumplimiento del comprador, habiendo transmitido la vivienda a un tercero poco tiempo después. Para el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial en su sentencia se apartó del canon correcto de enjuiciamiento al validar la cláusula por su inserción sistemática en el contrato, sin constatar previamente la existencia de un quebranto patrimonial real ni comparar su importe con la cantidad retenida, y en su fallo confirma la sentencia de primera instancia, declarando nula por abusiva la cláusula del contrato que imponía la cláusula penal y condenó a la sociedad vendedora a devolver al comprador la cantidad retenida, con sus intereses.

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La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) número 8105/2025, de fecha 25 de marzo de 2026, analiza si sobre un acto impugnado que contiene varias liquidaciones o sanciones -una por ejercicio- y se concluye la anulación de la regularización que afecta a un solo ejercicio -por tanto, a una sola liquidación o sanción-, comportará o no la anulación de las restantes liquidaciones o sanciones no afectadas por ese vicio de anulabilidad.

Previamente, este órgano económico-administrativo ya se había pronunciado en el sentido de que la anulación decretada de la liquidación de un período impositivo -estando la misma integrada en un único acuerdo de liquidación comprensivo de varios períodos- sólo afecta a la anulada, de modo que la ejecución de la resolución económico-administrativa no conllevaría la anulación de todo el acuerdo de liquidación sino tan solo de la liquidación respecto de la cual así lo ordena el Tribunal, conservándose las restantes.

El TEAC concluye en este asunto que, de acuerdo con el principio de conservación de actos, cuando un único acuerdo de liquidación o acuerdo sancionador pueda englobar liquidaciones o sanciones de distintos períodos impositivos, de modo que el fallo parcialmente estimatorio de una resolución o sentencia relativa a dicho acuerdo puede que afecte exclusivamente a algunos de los períodos, deberá entenderse que la estimación parcial implica una estimación total respecto de los períodos afectados y una desestimación total respecto de los restantes, de modo que en el acuerdo de ejecución que se dicte, se anularán exclusivamente los actos relativos a los períodos afectados por la desestimación y se conservarán los restantes, procediendo respecto de estos últimos el devengo de intereses suspensivos.

2. Tributación indirecta de la segregación de inmuebles.

La resolución a la Consulta Vinculante V1784-25, de 8 de octubre, emitida por la Dirección General de Tributos, aborda la tributación derivada de la división registral de un trastero anejo a una plaza de garaje. La cuestión exige delimitar correctamente la naturaleza jurídico-tributaria de la operación, en la medida en que no se produce una transmisión de propiedad, sino una modificación de la configuración registral del inmueble que puede tener incidencia en la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El supuesto de hecho parte de una unidad registral que integra una plaza de garaje y un trastero como anejo inseparable, respecto de la cual el titular pretende individualizar ambos elementos. En este contexto, la separación de un trastero respecto de una plaza de garaje puede implicar, en la práctica, dos actuaciones diferenciadas con relevancia fiscal propia.

Por un lado, puede existir una eventual declaración de obra nueva, cuando ésta resulte necesaria para describir adecuadamente la realidad física del inmueble en el Registro. Este acto consiste en hacer constar formalmente la existencia de una construcción ya ejecutada y, a efectos fiscales, no toma como referencia el valor global del inmueble, sino exclusivamente el coste efectivo de la obra que se declara. Este matiz resulta relevante, pues evita una tributación desproporcionada: lo que se grava es la obra incorporada, no el valor de mercado del activo inmobiliario en su conjunto.

En igual sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de 18 de mayo de 2026 por la que establece que no procede aplicar coeficientes de actualización monetaria a la base imponible constituida por el valor real del coste de la obra nueva, independientemente del tiempo transcurrido entre la construcción y el devengo.

Por otro lado, la operación de división o segregación registral constituye un acto autónomo sujeto a la cuota gradual de actos jurídicos documentados, al tratarse de un acto inscribible, valuable y formalizado en escritura pública. La diferencia entre ambas figuras es técnica pero relevante: en la división desaparece la finca original y se crean varias fincas nuevas, mientras que en la segregación la finca matriz subsiste y se desprende una porción que pasa a constituir una finca independiente de tal forma que la determinación de la base imponible varía en función del tipo de operación. Si se trata de una división, la base viene dada por el valor conjunto de las nuevas fincas resultantes. Si se trata de una segregación, debe atenderse al valor de la finca segregada que accede por primera vez al Registro como entidad independiente. En ambos supuestos, la normativa remite al valor de referencia catastral como mínimo fiscal, salvo que el valor declarado o el precio pactado sean superiores, conforme a los criterios generales de valoración previstos en el artículo 10 del TRLITPAJD.

Otro aspecto relevante es la identificación del sujeto pasivo. Dado que no existe transmisión, no cabe identificar un adquirente en sentido propio. Por ello, la ley atribuye la condición de obligado tributario a quien insta o solicita la escritura notarial, esto es, al propio titular que promueve la operación de individualización registral.

En definitiva, la individualización registral de una parte de un inmueble ya sea mediante segregación o mediante división, generará tributación por AJD aunque no exista transmisión de propiedad, en tanto que acto inscribible en el Registro de la Propiedad. La carga fiscal deriva del acceso registral de actos valuables formalizados en escritura pública: por un lado, la eventual declaración de obra nueva, cuya base se limita al coste real de ejecución de la obra declarada; y, por otro, la división o segregación registral, cuya base dependerá de si desaparece la finca originaria o si únicamente accede al Registro una nueva finca segregada.

3. Sobre la inadmisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con las pérdidas por transmisión de participaciones en el Impuesto sobre Sociedades y su deducibilidad.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), mediante Auto 30/2026 de 26 de mayo de 2026, ha inadmitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 6933/2025 planteada por la Audiencia Nacional (AN), mediante Auto de 14 de julio de 2025, en relación con el artículo 3.segundo.siete del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre (RDL 3/2016), que modificó el artículo 21.6 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (LIS), estableciendo la no integración en la base imponible del impuesto de las rentas negativas derivadas de la transmisión de participaciones en entidades.

Según se ha avanzado, el Pleno del TC ha inadmitido a trámite dicha cuestión de inconstitucionalidad, si bien ha basado dicha inadmisión exclusivamente en motivos formales, concretamente en la insuficiente exteriorización de los juicios de aplicabilidad y relevancia exigidos por el artículo 35 de la Ley Orgánica del TC por parte de la AN.

En este caso, el TC considera que el Auto por el que la AN planteó la cuestión de inconstitucionalidad no justificó adecuadamente la conexión existente entre las casillas del Modelo 200 impugnadas (casillas 00325 y 02184, correspondientes al ejercicio 2019) y el precepto legal cuya constitucionalidad se cuestionaba. Ello resulta especialmente relevante porque el proceso contencioso-administrativo de origen tenía por objeto la Orden HAC/565/2020, de 12 de junio, por la que se aprobaron los modelos 200 y 220 del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

En otras palabras, dado que el proceso a quo tenía por objeto una disposición de carácter reglamentario y formal, el TC considera que no basta con que las casillas del modelo reproduzcan o reflejen el contenido de la normativa legal para tener por acreditada, de manera automática, la aplicabilidad de la ley cuestionada al litigio.

Por todo ello, el TC concluye que el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad debería haber justificado expresamente la relación entre las casillas impugnadas en el proceso a quo y la norma legal cuestionada y, al no haberlo hecho, no ha quedado suficientemente garantizado que la cuestión de inconstitucionalidad planteada se atenga a la función de control concreto o incidental de la constitucionalidad de las leyes que le asigna el artículo 163 de la Constitución Española (CE), lo que determina su inadmisión a trámite.

Resulta esencial resaltar, por tanto, que el TC no ha realizado pronunciamiento alguno sobre el fondo de la cuestión, es decir, no ha avalado explícitamente la constitucionalidad de lo establecido en el artículo 21.6 de la LIS, por lo que sigue subsistiendo la posibilidad de cuestionar, en su caso, una potencial vulneración de los límites materiales de los decretos-leyes (artículo 86.1 de la CE) y del principio de capacidad económica (artículo 31.1 de la CE).

De ese modo, queda abierta la posibilidad de que, o bien la propia AN subsane los defectos identificados por el TC, replanteando la cuestión de inconstitucionalidad respecto al mismo recurso (reformulando los juicios de aplicabilidad y relevancia según las exigencias plasmadas por el Pleno del TC en el Auto de inadmisión) o que, eventualmente, se plantee otra cuestión de inconstitucionalidad respecto a otros recursos contencioso-administrativos tramitados sobre esta cuestión.

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