La Viabilidad de las empresas en concurso pasa por un cambio de actitud de las Administraciones Públicas acreedoras en la aprobación de los convenios cocursales

A raíz de un reciente artículo publicado en Expansión en el que se realiza una interesante valoración del papel de las Administraciones Públicas en los procedimientos concursales y, ante la más que previsible oleada de concursos en los próximos meses, hemos considerado oportuna una reflexión sobre cuál sería la postura que consideramos debieran adoptar las Administraciones Públicas en los procesos concursales, al objeto de contribuir a preservar nuestro tejido empresarial.

La extensión de la moratoria para la presentación de concursos de acreedores acordada en el Real Decreto-Ley 5/2021, se advierte una medida cuyos efectos pueden llegar a ser catastróficos, de no registrarse una rápida y excepcional recuperación económica y un cambio de criterio de las administraciones públicas españolas, en relación con la aprobación de los convenios concursales.

En relación con el primer supuesto (rápida y excepcional recuperación económica) señalar que este optimismo del ejecutivo español no parece coincidir con las previsiones de los distintos organismos internacionales de referencia (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo) que se muestran más cautos en cuanto a los efectos de esta recuperación económica. En todo caso, con independencia de lo rápida que sea la recuperación, lo cierto es que ello no constituye ningún impedimento para que las administraciones públicas acreedoras de las sociedades que puedan ser declaradas en concurso hagan una reflexión profunda en el sentido de modificar su tradicional posición hostil a la aprobación de los convenios concursales, para pasar a adoptar una posición encaminada a votar a favor de los mismos, en un ánimo de favorecer la continuidad de empresas, la preservación de puestos de trabajo y la recuperación de un mayor porcentaje de créditos por parte de los acreedores.

Esta posición de las Administraciones Públicas (en concreto de la Agencia Tributaria) deviene más estratégica si cabe, al contemplar, el artículo 16, apartado 4 del Real Decreto-Ley 5/2021, que los créditos ICO concedidos por las entidades bancarias revistan la consideración de crédito ordinario (en lugar de privilegiado) y previendo un sistema en el que la entidad bancaria que se persone en el concurso para reclamar el cobro del crédito ICO impagado por la concursada, solo pueda adherirse a un convenio concursal solo si previamente la Agencia Tributaria (departamento de recaudación) lo autoriza.

Admitiendo que el monto de la deuda “tradicional” de la concursada con las Administraciones Públicas (cotizaciones Seguridad Social, pago de impuestos, etc.) junto con el derivado del impago de los ICOs, pueda representar un alto porcentaje de la deuda de la concursada, se advierte más estratégico que nunca para la preservación de nuestro tejido empresarial, un cambio de criterio por parte de nuestras Administraciones Públicas, en el sentido de mostrarse más receptivas a la aprobación de los convenios.