Entrada en vigor del Real Decreto Ley 21/2017, de 29 de diciembre, relativo a los mercados de valores
El pasado mes de diciembre, entró en vigor el Real Decreto ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de mercado de valores.
La entrada en vigor del mismo responde a la necesidad imperiosa de dar cumplimiento al régimen de transposición de la normativa de la Unión Europea en materia de mercado de valores y dotar a las entidades financieras y operadores de mercado de las garantías legales necesarias para que operen de acuerdo con el Reglamento 600/2014, de 15 de mayo de 2014, y la Directiva 2014/65/UE de 15 de mayo de 2014. Se trata de una de las reformas más importantes en dicha materia que ha experimentado el derecho de la Comunidad Europea en toda su historia.
- Ámbito de aplicación temporal: el referido Real Decreto Ley empezará a aplicarse el 3 de enero de 2018, fecha prevista, a su vez, para la incorporación efectiva de la Directiva 2014/65/UE.
- Novedades que incluye el cuerpo normativo:
- Se pretende garantizar que en los centros de negociación españoles se puedan ejecutar operaciones sobre acciones admitidas a negociación en esos centros.
- Evita una pérdida de profundidad y liquidez de los centros de negociación españoles al no encontrarse en consonancia con la normativa europea. Esto haría que los agentes de los mercados de valores eligiesen otros centros de negocio que si estuvieran adaptados a las obligaciones impuestas por la normativa europea.
- Se incorpora la figura de los sistemas organizados de contratación.
- Se establece el régimen sancionador para asegurar el efecto útil de la transposición y que tipificara las infracciones relacionadas con las disposiciones establecidas en dicho cuerpo normativo.
- Dicho Real Decreto Ley es solo una adaptación parcial de la referida Directiva, todavía queda pendiente de regular una parte importante que afecta a la industria de fondos. La Directiva implica cambios en muchos ámbitos del mercado y su objetivo principal es mejorar la protección de los inversores, por lo que pone el foco en evitar los conflictos de intereses en la venta de productos financieros.