El Tribunal Supremo, en su sentencia de 10 de junio de 2020, fija de forma clara y contundente que la baja que se pueda producir en los procedimientos de contratación de las obras públicas sometidas a licencia urbanística o de obras no se computará en la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en adelante, ICIO), al no poder incardinarse en el coste de ejecución material de la construcción, instalación u obra.
