La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2018 valora si estamos ante una cláusula penal incluida en un contrato de arrendamiento, en la cual se establece que para el supuesto de terminación anticipada del contrato, cuya vigencia es de 30 años, el arrendatario se compromete a pagar las rentas que se hubieran devengado si el contrato hubiese durado 10 años.