CIRCULAR CORONAVIRUS

 

CIRCULAR – INFORMACIÓN URGENTE SOBRE MEDIDAS RELATIVAS AL COVID - 19

 

Desde ARCO ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P. somos conscientes que los acontecimientos relacionados con la crisis sanitaria y económica del COVID-19, ocurridos en España y en todo el mundo, están enfrentando a nuestros clientes a problemáticas nuevas e imprevistas que exigen la adopción de medidas urgentes.

Los acontecimientos que están ocurriendo podrían tener para nuestro cliente importantes consecuencias jurídicas en distintos ámbitos, tanto desde el punto de vista contractual, procesal, laboral, e incluso penal.

La presente Circular tiene por objeto informar a nuestros clientes de las medidas legales y fiscales de aplicación a esta situación, así como el ofrecimiento de la colaboración de este Despacho para prestar asesoramiento y dar respuesta a todas las cuestiones legales, así como fiscales, que puedan surgir en las próximas semanas.

Advertimos que este documento constituye mera información sobre un asunto excepcional y sin precedentes, que por lo tanto quedará sujeto tanto a la evolución de esta crisis en las próximas semanas, a las medidas de carácter excepcional que tanto a nivel nacional e internacional se adopten y al criterio de la doctrina y de los Tribunales de Justicia, que igual que nosotros tendrán que dar por primera vez respuesta a estas cuestiones.

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL.

 

A continuación, se explicarán las medidas decretadas por el Gobierno Español esta última semana, a las que se suman las adoptadas por los Gobiernos Regionales:

Orden PCM/205/2020, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República italiana y los aeropuertos españoles.

Por esta orden el Gobierno ha decidido prohibir la realización de vuelos directos entre España e Italia. La orden entró en vigor las 00:00h del 11 de marzo de 2020, con efectos hasta el 25 de marzo de 2020 a las 00:00h. Esta prohibición no se aplica a las aeronaves de Estado, ni a la realización de escalas con fines no comerciales, vuelos exclusivos de carga, vuelos posicionales, humanitarios, médicos o de emergencia.

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

Por este Real Decreto el Gobierno adopta un conjunto de medidas de carácter urgente dirigidas al ámbito económico y de la salud pública:

 

  1. Se modifica la Ley 1/2013, de protección a los deudores hipotecarios, suspendiendo durante cuatro años, hasta mayo del año 2024, los lanzamientos que afecten a personas en situación de especial vulnerabilidad, ampliándose además el colectivo de posibles beneficiarios, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria.
  2. Se modifica la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, en lo que al régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB) se refiere, a los efectos de la no aplicación a la SAREB de lo previsto en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital, esto es, la obligación de disolución de la sociedad por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. 
  3. Se modifica el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero para para ampliar el tipo de entidades financieras ya constituidas que pueden solicitar su transformación en bancos.
  4. Se modifica Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, en el sentido de prever que los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 tendrán la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social.
  5. Se modifica la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para establecer el abastecimiento centralizado por el Estado de productos sanitarios distintos de los medicamentos.

Este Real Decreto entró vigor el 12 de marzo de 2020.

Entendemos que la medida que más podría afectar a nuestros clientes es la relativa a la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social que se aplicará a las personas trabajadores que se encuentren en períodos de aislamiento o contagio como consecuencia del virus COVID-19. Con anterioridad a dicha medida se consideraban en situación de incapacidad temporal (baja laboral) por enfermedad común.

 

Esto supone una mejora de la prestación para estas personas, así como un alivio para las empresas donde trabajan, que no tendrán que hacerse cargo de ninguna parte del salario que cobran sus empleados.

Orden PCM/216/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles.

Se amplía por esta Orden la restricción de viajes entre España e Italia, prohibiendo la entrada de ferris procedente de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles.

Esta medida entró en vigor el 12 de marzo de 2020.

Real Decreto Ley 7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Por este Real Decreto el Gobierno adopta un conjunto de medidas de carácter urgente dirigidas al ámbito económico y de la salud pública:

  • En el capítulo I se adoptan una serie de medidas de refuerzo en el ámbito sanitario.
  • En el capítulo II se introducen las medidas de apoyo a la familia.
  • En el capítulo III se articulan medidas de apoyo al sector del turismo.
  • En el capítulo IV se recogen las medidas de apoyo financiero transitorio.
  • En el capítulo V se adoptan una serie de medidas para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas.

Por su relevancia para nuestros clientes a continuación se desarrollarán las medidas de apoyo sector del turismo y las medidas de apoco financiero transitorio.

 

Medidas de apoyo al sector del turismo:

  • Se acuerda la ampliación de la línea de financiación Thomas Cook para atender al conjunto de empresas establecidas en España incluidas en determinados sectores económicos.

La línea de financiación prevista en el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, se amplía a todas las empresas y trabajadores autónomos con domicilio social en España que estén incluidos en los sectores económicos definidos en la Disposición Adicional primera de este Real Decreto-ley (restauración, transporte, turismo y ocio) y contará con 200 millones de euros adicionales a los previstos inicialmente en el citado artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre.

  • Se implementan medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

Las empresas vinculadas al sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.

Lo anterior será de aplicación desde el 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020.

 

Medidas de apoyo financiero transitorio:

  • Aplazamiento de deudas tributarias.

Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020.

Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias siguientes:

  1. Deudas por retenciones o pagos a cuenta.
  2. Pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
  3. Las derivadas de tributos que deben ser legalmente repercutidos (IVA).

Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.

En definitiva, se podrán efectuar solicitudes de aplazamiento de deudas tributarias inferiores a 30.000 euros sin aportación de garantía y no se devengarán intereses durante los tres primeros meses si el aplazamiento es de duración igual o inferior a 6 meses y es solicitado antes del 30 de mayo de 2020.

Asimismo, la AEAT ha colgado en su página web las Instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos conforme a dicho Real Decreto, a las que se puede acceder a través del siguiente enlace:

 

Instrucciones aplazamientos AEAT

  • Solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Los beneficiarios de concesiones de los instrumentos de apoyo financiero a proyectos industriales podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses de la anualidad en curso, siempre que su plazo de vencimiento sea inferior a 6 meses a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 haya originado en dichos beneficiarios periodos de inactividad, reducción en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma. Esta solicitud conllevará, en caso de estimarse, la correspondiente readaptación del calendario de reembolsos.

Este Real Decreto ha entrado en vigor el 13 de marzo de 2020.

 

Otras medidas.

Además, se ha adoptado el cierre temporal de centros educativos y de atención a mayores, así como la suspensión de las actividades en espacios cerrados que reúnan a más de mil personas.

En el ámbito de la Unión Europea, los Jefes de Estado y de Gobierno celebraron el 10 de marzo un Consejo Europeo extraordinario con el fin de analizar la situación en los Estados Miembros y reiterar la necesidad de un enfoque europeo común.

 

DECLARACIÓN DE ESTADO DE ALARMA. MEDIDAS ADOPTADAS.

El Gobierno ha declarado el estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobando una serie de medidas entre las que destacan las siguientes:

 

Suspensión de plazos administrativos

Se suspenden con carácter general los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del Sector público, hasta la fecha en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, es decir, hasta el 29 de marzo de 2020, sin perjuicio de su posible prorroga.

Suspensión de plazos de prescripción y caducidad

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán  suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prorrogas que se adoptaren.

Suspensión de plazos procesales.

Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

 

Se establecen una serie de excepciones a la suspensión anterior:

En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a:

  1. Los procedimientos de habeas corpus.
  2. A las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia.
  3. A las actuaciones con detenidos.
  4. A las órdenes de protección,
  5. A las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.
  6. A cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.
  7. Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.

En el resto de los órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:

  1. El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.
  2. Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
  3. La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
  4. La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.
  5. Asimismo, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.

 

Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, esquipamientos culturales, establecimientos y actividades recretivos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.

Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías.

Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.

La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.

Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio.

 

Limitación de la libertad de circulación de las personas.

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las  ías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

  1. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
  2. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  3. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
  4. Retorno al lugar de residencia habitual.
  5. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
  6. Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
  7. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  8. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

 

RECOMENDACIONES PARA NUESTROS CLIENTES.

En relación con lo anterior, recomendamos a nuestros clientes revisar los siguientes aspectos:

 

RELACIONES LABORALES.

En relación con las relaciones laborales consideramos que es muy probable que nuestros clientes se estén enfrentando o se vayan a enfrentar en las próximas semanas a las siguientes situaciones:

- Medidas excepcionales en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud de los trabajadores.

En esta materia habrá que tener en cuenta el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus del 5 de marzo de 2020 y elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Lo recomendable sería implantar un protocolo de actuación que sirva para minimizar los efectos en la salud de la plantilla y pueda asegurar el funcionamiento de la actividad.

Entre los aspectos básicos se recomienda por parte de los sindicatos reforzar las medidas de limpieza, de higiene personal y reducir y limitar los contactos y reuniones presenciales.

- Baja de trabajadores por contagio o posible contagio, aislamiento o ausencias de los trabajadores por cuidado de hijos.

En este sentido tener en cuenta que los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 tendrán la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social.

Se espera la adopción de medidas extraordinarias para hacer frente a las ausencias de los trabajadores por cuidado de los hijos.

- Trabajo a distancia.

Actualmente no existe ninguna norma que determine que las empresas tengan que implementar el trabajo a distancia como medida obligatoria.

No obstante, se recomienda la preparación de medios y protocolos para enfrentarse a esta situación para el caso en el fuera necesario en las próximas semanas. 

- La necesidad de proceder a despedir o formular medidas de suspensión de contratos de trabajo.

Además de los ya conocidos EREs, el Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) es una de las soluciones que algunas empresas están poniendo sobre la mesa para atajar la crisis económica consecuencia del coronavirus.

El ERTE es una medida temporal para una empresa que sirve para suspender uno o varios contratos de trabajo durante un tiempo determinado. Los afectados por un ERTE, a diferencia de aquellos afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) o despido colectivo, no ostentarán derecho a recibir indemnizaciones.

La suspensión del contrato o reducción de jornada podrá adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, siendo el procedimiento más rápido el que se basa en causas de fuerza mayor.

El concepto de fuerza mayor como causa de extinción de los contratos de trabajo alude a un suceso externo a la esfera de actividad del empresario, del todo independiente de su voluntad, que no pudo preverse o que previsto no pudo evitarse y que imposibilita definitivamente la prestación de trabajo.

 

CONTRATOS SUSCRITOS POR LA SOCIEDAD.

Recomendamos a nuestros clientes la revisión de los contratos más relevantes suscritos para analizar lo dispuesto sus estipulaciones relativas a casos de fuerza mayor y analizar los posibles riesgos a los que se puede enfrentar la parte contratante por posibles incumplimientos, retrasos, daños que puedan producirse como consecuencia de la situación actual, todo ello con el fin de prevenir cualquier escenario adverso y mitigar sus efectos.

 

PÓLIZAS DE SEGUROS SUSCRITAS.

Sería conveniente revisar el alcance de las coberturas de los seguros contratados para localizar situaciones a las que se aplican dichas pólizas y asimismo anticiparse y tener preparados los procedimientos y plazos de aplicación para comunicar los daños.

 

POSIBLES LITIGIOS.

Se recomienda estar atentos a escenarios de posible litigiosidad con el fin de recoger y constituir la prueba necesaria para defenderse ante posibles conflictos que puedan surgir.

El éxito de las reclamaciones de posibles daños que puedan sufrir nuestros clientes en las próximas semanas dependerá en gran medida de este trabajo de preparación de estos litigios y de su prueba. 

Se espera posibles suspensiones de vistas y procedimientos que se sigan actualmente ante los Tribunales y una posible ralentización en su tramitación.

 

17 de marzo de 2020.

 

 

 

 

 

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