El impacto de la segunda directiva de servicios de pago y el Decreto-Ley 19/2018 en las empresas del sector turístico
Entender la nueva normativa europea de pagos digitales, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 14 de septiembre de 2019, será clave para las empresas turísticas puesto que el proceso de reserva de un viaje por internet se verá fuertemente afectado por la nueva regulación. Desde hace años, el sector turístico es líder en el comercio electrónico y, por consiguiente, la Segunda Directiva de Servicios de Pago (Payment Services Directive 2) se prevé tenga un importante impacto en dicho sector. En noviembre de 2018 se realizó la trasposición parcial de la Directiva, mediante la aprobación del Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
Con el objetivo de aportar una mayor claridad jurídica y de garantizar una aplicación uniforme del marco regulador de los pagos electrónicos en toda la Unión Europea, la nueva regulación establece condiciones operativas equivalentes, así como refuerza la seguridad de la compra online.
Con la aplicación de la nueva normativa europea la experiencia del usuario durante el proceso de compra cambiará. Ofrece al consumidor un mayor poder de elección, pudiendo este utilizar el medio de pago que considere más idóneo, tener sus cuentas en la entidad que desee o elegir a quién facilita su información. Se espera que estos cambios generen una mayor eficiencia en todo el sistema de pago, a la vez que incrementen la gama de servicios de pago disponibles y la transparencia de estos, reforzando la confianza de los consumidores en un mercado de pagos armonizado y fiable.
Uno de los cambios más relevantes que introduce el nuevo marco jurídico es el concepto de “open banking”, con el que se persigue una armonización de las condiciones en las que los proveedores de servicios de pago operan en el mercado comunitario. Hasta ahora, cuando un consumidor adquiría un producto o un servicio online tenía que efectuar la compra a través de las compañías que ofrecen servicios de pago electrónico y que ejercen de intermediarias con la entidad financiera. Es decir, el usuario pagaba a través de Internet al hotel en cuestión (o a la OTA) mediante una tarjeta y este se ponía en contacto con los proveedores, quienes, a su vez, interactuaban con la compañía a la que pertenece la tarjeta, la cual cargaba la operación en la cuenta correspondiente. A partir de la entrada en vigor de esta nueva normativa, los bancos estarán obligados a dar acceso a las cuentas de sus clientes a terceras empresas, previa solicitud de los usuarios. De esta manera, los hoteles podrán, además de ofrecer nuevos servicios, efectuar pagos online sin pasar por los intermediarios tradicionales.
El cliente podrá autorizar expresamente cualquier comercio a cobrarle su compra de forma inmediata y sin utilizar la tarjeta, como si de una simple transferencia se tratara. Además, la cadena de hoteles ya no tendrá que esperar recibir la confirmación del ingreso para proceder con la compra.
Sin embargo, surge la duda de si el nuevo régimen implica mayores riesgos al reducir el control de la información personal que tienen los usuarios. No obstante, no será obligatorio por parte de estos compartir esos datos con terceros. Además, una de las piezas centrales de la normativa es aumentar la seguridad del consumidor. La protección se amplía a través de la autenticación reforzada del usuario mediante la SCA (Strong Customer Authentication) o autenticación mediante un mínimo de dos factores. Es decir, cuando un usuario quiera realizar una compra online, todos los comercios electrónicos deberán de implementar dos de los siguientes tres elementos de identificación del comprador: algo que tiene (un dispositivo móvil o una tarjeta bancaria), algo que sabe (una contraseña o el PIN de la tarjeta) o algo que es (un elemento biométrico, como es la huella).
Esta regulación constituye un paso más en la senda del mercado único de pagos en la Unión Europea en un ánimo del legislador comunitario de mejorar la competencia, la innovación y la protección al consumidor.