Tributario

En una resolución de 2 de noviembre de 2017, el Tribunal Económico-Administrativo Central, adoptando la línea jurisprudencial más reciente del Tribunal Supremo, ha resuelto a favor del contribuyente una reclamación interpuesta por una entidad contra la negativa de la Administración a rectificar la autoliquidación solicitada por la entidad y en la que se negaba la exención de rentas procedentes de un establecimiento permanente localizado en Suiza por no haber aportado el obligado la documentación que sustentara la rectificación y la correspondiente devolución de ingresos indebidos.

La trascendente Sentencia publicada el pasado 6 de marzo por el Tribunal Supremo considera grupo de sociedades por el Impuesto de Actividades Económicas, aquellas que deban, por obligación legal, formular sus cuentas anuales en régimen de consolidación por aplicación del artículo 42 del Código de Comercio.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 19 de febrero de 2018, analiza si, el artículo 78.Uno de la Ley de IVA, en conexión con los artículos 73 y 78 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del IVA, y la interpretación que de estos preceptos hace la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en adelante TJUE, de 7 de noviembre de 2013, Tulica y Plavosin, en los casos en que la Inspección de los Tributos descubra operaciones ocultas no facturadas, permite entender incluido en el precio pactado entre las partes la cuota correspondiente al IVA.

Una empresa irlandesa ha planteado en una consulta a la Subdirección General de Fiscalidad Internacional si tiene obligación de retener a cuenta sobre los rendimientos pagados a dos trabajadores residentes en España que trabajan a distancia desde su casa.

Con motivo de una reclamación económico-administrativa interpuesta contra la denegación de devolución del IVA a un contribuyente no establecido en España, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) resuelve que la ausencia en el expediente administrativo remitido al Tribunal de los documentos en los que la Administración ha fundamentado su resolución, es motivo suficiente para anular dicha resolución sin que a posteriori la Administración pueda volver a dictar resolución aportando los documentos que el Tribunal y el obligado tributario han requerido en un procedimiento anulado por el TEAC.

La Dirección General de Tributos, en consulta de fecha 18 de enero de 2017, analiza, exclusivamente a los efectos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, qué calificación deberán tener los rendimientos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles en función de si el titular del inmueble contrata la gestión de una entidad profesional o si en cambio contrata a un empleado con contrato laboral a jornada completa.

La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, al regular las notificaciones electrónicas practicadas por la Administración, introducía una novedad en el régimen aplicable hasta el momento al dejar de establecer la posibilidad de probar que ha habido imposibilidad técnica de acceder al contenido de una notificación practicada por medios electrónicos. Asimismo, la nueva regulación equipara la falta de acceso a la notificación en plazo de diez días con el rechazo de la misma.

La Dirección General de Tributos, en consulta de 6 de enero de 2018, analiza la posibilidad de excluir de la base imponible del IVA, las partidas habitualmente denominadas suplidos.

La Audiencia Nacional ha dictado Sentencia el cinco de diciembre de 2017 anulando la sanción impuesta a una entidad, sanción que en su día fue confirmada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional, con relación al primer pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2011 en el que la entidad aplicó un porcentaje del 21% sobre la base imponible cuando el porcentaje correcto hubiera sido del 27%.

El día 24 de enero de 2018 se ha publicado en el BOE la Orden HFP/36/2018, de 18 de enero, por la que se establecen determinadas disposiciones relativas al Sistema Intrastat, que ha entrado en vigor a partir del 1 de marzo de 2018 .