Tributario

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la Comunidad Autónoma de Aragón contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJAR) , que a su vez confirma la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón (TEARAR) que anulaba los acuerdos de liquidación y sancionadores impuestos al contribuyente por haber transcurrido más de seis meses entre la última actuación administrativa y la notificación de dichos acuerdos, notificados seis meses después de la presentación de alegaciones por parte del obligado tributario.

La Dirección General de Tributos, en consulta de 8 de febrero de 2018, analiza el tratamiento fiscal, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Valor Añadido, por la venta de existencias finales en una fecha posterior al cese del negocio y jubilación del empresario.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 7 de marzo de 2018 analiza si la adjudicación de bienes en la disolución de una comunidad de bienes, que es sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido, en adelante IVA, puede ser considerada entrega de bienes a efectos de dicho tributo y, por tanto, quedar sujeta al mismo.

El Tribunal Supremo ha sentado doctrina en una Sentencia de 27 de febrero en relación con los incumplimientos formales en el ámbito de los impuestos especiales, más concretamente del impuesto especial sobre hidrocarburos, y su trascendencia a la hora de disfrutar de beneficios fiscales.

En una resolución de 2 de noviembre de 2017, el Tribunal Económico-Administrativo Central, adoptando la línea jurisprudencial más reciente del Tribunal Supremo, ha resuelto a favor del contribuyente una reclamación interpuesta por una entidad contra la negativa de la Administración a rectificar la autoliquidación solicitada por la entidad y en la que se negaba la exención de rentas procedentes de un establecimiento permanente localizado en Suiza por no haber aportado el obligado la documentación que sustentara la rectificación y la correspondiente devolución de ingresos indebidos.

La trascendente Sentencia publicada el pasado 6 de marzo por el Tribunal Supremo considera grupo de sociedades por el Impuesto de Actividades Económicas, aquellas que deban, por obligación legal, formular sus cuentas anuales en régimen de consolidación por aplicación del artículo 42 del Código de Comercio.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 19 de febrero de 2018, analiza si, el artículo 78.Uno de la Ley de IVA, en conexión con los artículos 73 y 78 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del IVA, y la interpretación que de estos preceptos hace la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en adelante TJUE, de 7 de noviembre de 2013, Tulica y Plavosin, en los casos en que la Inspección de los Tributos descubra operaciones ocultas no facturadas, permite entender incluido en el precio pactado entre las partes la cuota correspondiente al IVA.

Una empresa irlandesa ha planteado en una consulta a la Subdirección General de Fiscalidad Internacional si tiene obligación de retener a cuenta sobre los rendimientos pagados a dos trabajadores residentes en España que trabajan a distancia desde su casa.

Con motivo de una reclamación económico-administrativa interpuesta contra la denegación de devolución del IVA a un contribuyente no establecido en España, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) resuelve que la ausencia en el expediente administrativo remitido al Tribunal de los documentos en los que la Administración ha fundamentado su resolución, es motivo suficiente para anular dicha resolución sin que a posteriori la Administración pueda volver a dictar resolución aportando los documentos que el Tribunal y el obligado tributario han requerido en un procedimiento anulado por el TEAC.

La Dirección General de Tributos, en consulta de fecha 18 de enero de 2017, analiza, exclusivamente a los efectos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, qué calificación deberán tener los rendimientos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles en función de si el titular del inmueble contrata la gestión de una entidad profesional o si en cambio contrata a un empleado con contrato laboral a jornada completa.