En la Resoluci\u00f3n n\u00ba 00\/8331\/2022, de 31 de marzo de 2025, el Tribunal Econ\u00f3mico-Administrativo Central (TEAC) trata una reclamaci\u00f3n interpuesta por una sociedad en relaci\u00f3n con las liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades (IS) de varios ejercicios fiscales efectuadas por la Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n
Las principales cuestiones controvertidas giraban en torno a la deducibilidad fiscal en el IS de las retribuciones satisfechas a tres administradores de la sociedad as\u00ed como por donativos realizados a una fundaci\u00f3n vinculada a la sociedad.<\/p>\n\n
Respecto a la deducibilidad de las retribuciones satisfechas a los administradores, el TEAC entiende que, de acuerdo con la normativa mercantil, tributaria y jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, la teor\u00eda del v\u00ednculo no puede aplicarse en el \u00e1mbito fiscal para negar la deducibilidad de las retribuciones \u2013que es lo que hab\u00eda hecho la Administraci\u00f3n\u2014 cuando \u00e9stas est\u00e1n \u00a0debidamente acreditadas, contabilizadas y correlacionadas con los ingresos, incluso si no han sido aprobadas formalmente por la Junta General o no hay una previsi\u00f3n estatutaria expresa que lo estipule.<\/p>\n\n
La otra cuesti\u00f3n que se aborda en la resoluci\u00f3n del TEAC y que resulta de gran inter\u00e9s es el rechazo de la deducci\u00f3n por donativos. La Administraci\u00f3n entendi\u00f3 que las aportaciones realizadas por la sociedad a una Fundaci\u00f3n sin fines lucrativos no eran donaciones puras y simples, sino que se trataban de colaboraciones con retorno reputacional, lo que las exclu\u00eda del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del art. 20 de la Ley 49\/2002 de R\u00e9gimen fiscal de entidades sin fines lucrativos, que permite la deducci\u00f3n de un importante porcentaje del importe donado de la cuota \u00edntegra del IS.<\/p>\n\n
En este sentido, el TEAC considera clave la existencia de deducciones por el mismo concepto aplicadas en ejercicios anteriores, habiendo sido \u00e9stas aceptadas por la AEAT, sin que efectuase regularizaci\u00f3n alguna.<\/p>\n\n
Este comportamiento de la Administraci\u00f3n, considera el Tribunal, es susceptible de generar una confianza leg\u00edtima en el contribuyente, juntamente con la imposibilidad por parte del afectado de prever un cambio de criterio por parte de la AEAT; todo ello demuestra que la actuaci\u00f3n previa de la Administraci\u00f3n constituye un acto propio suficientemente concluyente que gener\u00f3 una expectativa leg\u00edtima en la sociedad al considerar como deducibles tales deducciones en el IS.<\/p>\n\n
As\u00ed pues, la Administraci\u00f3n no puede modificar unilateralmente su criterio, sin advertir previamente al contribuyente de ello, por lo tanto, la deducci\u00f3n por donativos en el IS que realiz\u00f3 la sociedad debe considerarse ajustada al derecho. Esto no quiere decir que la administraci\u00f3n no pueda modificar un criterio previamente admitido, sino que tal modificaci\u00f3n s\u00f3lo podr\u00e1 ser determinante una vez acreditado que la parte interesante tiene constancia de dicho cambio.<\/p>\n\n
En definitiva, el TEAC estima \u00edntegramente la reclamaci\u00f3n presentada por la entidad y anula las liquidaciones impugnadas, reconociendo, por un lado, la deducibilidad de las retribuciones satisfechas a los administradores y, por otro lado, la procedencia de los donativos en virtud de la confianza leg\u00edtima y la doctrina de los actos propios.<\/p>\n\n
Un contribuyente que posee indirectamente el 90 % de una sociedad dedicada al alquiler de inmuebles, pregunta a la Direcci\u00f3n General de Tributos (DGT) si se cumple el requisito del art\u00edculo 4.Ocho.Dos de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) para considerar que la entidad realiza actividad econ\u00f3mica y, por tanto, puede aplicarse la exenci\u00f3n por participaci\u00f3n en entidades en su IP.<\/p>\n\n
Dicha sociedad cuenta con una persona contratada a jornada completa, encargada de la ordenaci\u00f3n y gesti\u00f3n del arrendamiento.<\/p>\n\n
Esta empleada, por otro lado, realiza otras actividades fuera de su jornada laboral (administradora de otra sociedad, servicios como aut\u00f3noma), pero durante su jornada en dicha sociedad solo trabaja para esta empresa.<\/p>\n\n
Al respecto de esta cuesti\u00f3n, la consulta vinculante V0259-25, de 5 de marzo de 2025, emitida por la DGT, tras el an\u00e1lisis de la normativa de aplicaci\u00f3n, b\u00e1sicamente, el art\u00edculo 4.Ocho.Dos LIP, regulador de la exenci\u00f3n por participaciones en entidades que desarrollan actividad econ\u00f3mica, y el art\u00edculo 27.2 LIRPF, relativo al arrendamiento de inmuebles, que solo considera actividad econ\u00f3mica si hay al menos un empleado con contrato laboral a jornada completa, entiende que el requisito de empleado a jornada completa se cumple si:<\/p>\n\n
En consecuencia, la sociedad realiza actividad econ\u00f3mica a efectos del IP y, por ende, el consultante podr\u00e1 beneficiarse de la exenci\u00f3n de las participaciones sociales en dicho tributo, siempre que tambi\u00e9n cumpla los dem\u00e1s requisitos del art\u00edculo 4.Ocho.Dos (porcentaje de participaci\u00f3n, funciones de direcci\u00f3n, etc.).<\/p>\n\n
En sentencia de 29 de octubre de 2024 (STS 1695\/2024, recurso 2248\/2023), el Tribunal Supremo analiza el concepto de culpabilidad en el \u00e1mbito de las sanciones tributarias, estableciendo que la falta de prueba sobre la deducibilidad de ciertos gastos no implica autom\u00e1ticamente una conducta culpable por parte del contribuyente.<\/p>\n\n
En particular, la cuesti\u00f3n que suscitaba inter\u00e9s casacional consist\u00eda en: \u201cDeterminar si la falta de prueba sobre determinados extremos que afectan a la deducibilidad fiscal de un gasto conduce necesariamente a calificar la actuaci\u00f3n del contribuyente como culpable, a efectos sancionadores, sin que pueda justificarse, en tales casos, que pudiera concurrir una interpretaci\u00f3n razonable de la norma en atenci\u00f3n a la naturaleza, caracter\u00edsticas y contexto en el que se produce dicho gasto<\/em>\u201d.<\/p>\n\n La sentencia recurrida en casaci\u00f3n fue dictada por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, n.\u00ba 368\/2023, de 11 de enero de 2023, que estim\u00f3 parcialmente el recurso contra la Resoluci\u00f3n del Tribunal Econ\u00f3mico Administrativo Central de 9 de abril de 2019.<\/p>\n\n El caso en cuesti\u00f3n se origina a partir de un acuerdo sancionador basado en la calificaci\u00f3n de ciertos gastos como no deducibles. Durante un procedimiento de inspecci\u00f3n del Impuesto sobre Sociedades de un contribuyente, la Administraci\u00f3n concluy\u00f3 que varios de los gastos declarados por la entidad carec\u00edan de justificaci\u00f3n suficiente. Entre ellos, se encontraban gastos refacturados que hab\u00edan sido abonados por otra empresa, sin que se pudiera demostrar con claridad los criterios objetivos que justificaban su participaci\u00f3n en los gastos publicitarios asumidos por esa otra sociedad. Asimismo, se cuestionaron determinados gastos por atenciones a clientes, ya que, seg\u00fan la Administraci\u00f3n, la entidad no logr\u00f3 identificar al destinatario de dichas atenciones ni justificar su vinculaci\u00f3n con la actividad empresarial.<\/p>\n\n As\u00ed, el Tribunal Supremo fija como doctrina en esta sentencia que la falta de prueba de gasto cuya deducci\u00f3n se pretende en el Impuesto sobre Sociedades no determina por s\u00ed sola la existencia de culpabilidad en la actuaci\u00f3n del contribuyente, pero tampoco permite descartarla sin m\u00e1s. En aquellos supuestos en los que la controversia se sit\u00fae en el plano probatorio, corresponde a la Administraci\u00f3n acreditar la concurrencia del elemento subjetivo de culpabilidad, como presupuesto indispensable para desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia que ampara al obligado tributario.<\/p>\n\n Asimismo, la STS tambi\u00e9n a\u00f1ade que no resulta procedente invocar la causa de exoneraci\u00f3n de responsabilidad prevista en el art\u00edculo 179.2.d de la LGT, pues \u00e9sta solo se aplica si existe una duda jur\u00eddica real sobre la norma aplicable, no cuando el problema es puramente probatorio.<\/p>\n\n Consecuencia de ello es la desestimaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, manteniendo la sentencia recurrida en todos sus extremos. Ello se debe a que la cuesti\u00f3n planteada como de inter\u00e9s casacional, en su primer apartado, no admite una respuesta categ\u00f3rica y generalizable, ya que la insuficiencia probatoria de un gasto cuya deducci\u00f3n se pretende, podr\u00e1 o no justificar el ejercicio de la potestad sancionadora, dependiendo de las circunstancias concretas de cada caso.<\/p>\n\n Pese a ello, dicha STS determina que, si la sanci\u00f3n no motiva la supuesta culpabilidad de forma concreta, no podr\u00e1 trasladarse mec\u00e1nicamente la carga al obligado tributario en sede sancionadora.<\/p>\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" 1. Aplicaci\u00f3n de la doctrina actos propios de la Administraci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":16921,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[381,321],"tags":[],"class_list":["post-16970","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-alerta-tributaria-ca","category-fiscal-ca"],"yoast_head":"\n