El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado la calificación del régimen fiscal español aplicable al fondo de comercio financiero como ayuda del Estado

La medida fiscal española objeto de análisis se introdujo en la Ley del Impuesto sobre Sociedades en el año 2001 y permitía a los contribuyentes del Impuesto deducir vía amortización el fondo de comercio financiero, siempre y cuando dicho fondo de comercio se originara por la adquisición de una participación de al menos un 5% en una sociedad no residente y dicha participación se mantuviera de forma ininterrumpida durante al menos un ejercicio.

La Comisión Europea, en Decisiones de fecha 28/10/2009 y 12/01/2011, ya concluyó que esta medida fiscal constituía una ayuda estatal, declarándola incompatible con el mercado interior y ordenando a España a la recuperación de las ayudas otorgadas. No obstante, el Tribunal General anuló ambas Decisiones considerando que no se había demostrado el carácter selectivo de la medida. Finalmente, en Sentencia de 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia obliga al Tribunal General a pronunciarse sobre si la medida fiscal es o no selectiva, elemento determinante a la hora de calificar una medida nacional como ayuda del Estado.

En fecha 15 de noviembre de 2018, el Tribunal General concluye que la medida fiscal objeto de análisis es selectiva, a pesar de que todos los contribuyentes del Impuesto puedan acceder a dicha ventaja fiscal. El Tribunal General destaca, entre otras cuestiones, que aquellos contribuyentes del Impuesto que adquieren participaciones en entidades residentes en España, a diferencia de aquellos que adquieren participaciones en entidades no residentes, no pueden obtener dicha ventaja fiscal, por lo que se está otorgando una diferencia de trato que depende de la realización de un tipo de operación económica y no en función de sus características propias.