El Supremo no está titubeando al anular sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que, siendo más favorables a la Administración, no se ajustan a su más reciente jurisprudencia. Es el caso de un procedimiento inspector en el que se le imputan al obligado 189 días de dilaciones por no aportar la documentación solicitada, pero sin que constase en el acuerdo liquidatorio ni en el informe ampliatorio de qué documentación se trataba, qué trascendencia tenía para la resolución del procedimiento y en qué medida su falta de aportación paralizaba el curso de las actuaciones.